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Redacción

Toluca, Edomex 29 de marzo del 2016.- La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, también denominada Ley Atenco, que acaba de ser aprobada pro el Congreso local, no sólo será revisada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sino por instancias internacionales como la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esta materia, reveló la consejera jurídica del gobierno mexiquense, Luz María Zarza Delgado.

Zeid-Al-Hussein, Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU
Zeid-Al-Hussein, Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU

La funcionaria expuso que desde enero, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU tiene en sus manos la iniciativa y se le acaba de enviar el decreto que aprobó la legislatura para que sus expertos puedan revisarla a fondo y emitir comentarios al respecto.

“El caso de que existe alguna observación, estamos abiertos a hacer las reformas que se requieran”, dijo Zarza Delgado, quien apuntó que personalmente ella está tratando este asunto con la instancia internacional.

Hoy el gobernador Eruviel Ávila formalizó la petición a la CNDH para que también revise el nuevo ordenamiento que ha sido cuestionado y rechazado no solo por partidos políticos como Morena o el PRD, sino por activistas y organizaciones sociales que ven en la Ley Atenco una herramienta legal para reprimir y acotar derechos constitucionales como la libre manifestación.

Zarza Delgado comentó que desde su elaboración, la iniciativa que crea esta Ley contó con los puntos de vista de varias organizaciones de derechos humanos, de la Secretaría de Gobernación y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, quien avaló que la norma fuera aprobada pues no existía ninguna herramienta jurídica que regulara la actuación de la policía en el estado de México.

“Yo le ofrecí al Alto Comisionado que podríamos detener la aprobación de la ley hasta que terminaran ellos de revisar su contenido, pero nos dijo que no, que era muy importante su aprobación, para contar con una ley que regulara el actuar de los policías”, indicó.

De su lado, el gobernador Eruviel Ávila aprovechó el informe del comisionado de derechos humanos del estado de México, Baruch Delgado Carbajal, para solicitar formalmente a la CNDH revise este ordenamiento y emita sus comentarios.

“La nueva ley responde a una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que va en sintonía con nuestra Carta Magna, con nuestra constitución, con tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación… es un documento  garantista, que pone candados, que pone frenos a cualquier tipo de abuso que pudieran cometer corporaciones policiacas. Equilibra las garantías de protección de los derechos humanos de los ciudadanos y policías ante el eventual uso de la fuerza pública. Promueve la profesionalización de los cuerpos policiacos en apego a códigos, protocolos y estándares internacionales” explicó Eruviel Ávila.

Señaló que la ley no solo consagra derechos constitucionales como la libre manifestación, asociación, reunión y libertad de expresión, sino también fija sanciones para aquellos elementos que incurran en abusos y obliga al estado a la reparación del daño cuando existe un actuar deficiente de la autoridad.

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