Redacción
Distrito Federal. 10 de noviembre de 2014.- El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas informó hoy que la Procuraduría General de Justicia de la entidad ya inició una investigación sobre el actual del personal de esta dependencia por los hechos en Tlatlaya, para deslindar responsabilidades y sancionar a quien lo amerite.
En una entrevista colectiva concedida al término de un foro en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el mandatario aseguró que se cumplirán con todas las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el caso Tlatlaya.
Eruviel Ávila dijo que en breve su administración hará contacto con las víctimas de los abusos cometidos por personal de la Procuraduría de justicia del estado, para cubrir la reparación del daño como lo fijó la CNDH en su recomendación.
De acuerdo con el texto de la recomendación algunos agentes ministeriales incurrieron en abusos sexuales, tortura y maltrato a las tres mujeres que se encontraban en la bodega de San Pedro Limón en Tlatlaya, donde personal del Ejército Mexicano abatió a 22 presuntos criminales.
“Estaremos en las investigaciones y habremos de proceder conforme a derecho y con todo el rigor si alguien violó la ley, y habremos en este caso de hacerle justicia a quienes pudieron haber sido afectados por estos hechos”, indicó el mandatario, quien añadió que la par se buscará la reparación del daño, a las tres víctimas de estos hechos, pues “el compromiso del gobierno del Estado de México es respetar y hacer respetar los derechos humanos en nuestra entidad”.
Eruviel Ávila rechazó haber encubierto los abusos cometidos por personal del Ejercito Mexicano, y recalcó que sus dichos sobre lo acontecido en Tlatlaya respondían a la información que tuvo a su alcance, de que se había tratado de un enfrentamiento entre soldados y criminales.
Apelan auto de formal prisión
Por otra parte, los ocho militares a quienes el viernes se les dictó auto de formal prisión por ejercicio indebido del servicio público, encubrimiento y solo a tres el delito de homicidio calificado, por los hecho del 30 de junio en Tlatlaya, han impugnado la determinación del juez cuarto de distrito en materia penal federal con sede en Toluca para enjuiciarlos por estos hechos.
Los militares se encuentran recluidos en la prisión del campo militar número 1, donde también enfrentan imputaciones por delitos castrenses, por su actuar en Tlatlaya.
