Israel Dávila
Toluca, Edomex. 9 de junio del 2020.- La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México propuso reformar la Ley de Fiscalización de la entidad con el objetivo de desaparecer el Consejo de Valoración Salarial, instancia dependiente del Poder Legislativo que se encarga de fijar los topes máximos de ingresos que deberán tener los funcionarios en la entidad.
Con la reforma se plantea que sean los propios diputados los encargados de hacer los análisis, para la elaboración de un tabulador salarial al que se deberán ajustar los funcionarios municipales y estatales.
En la primera sesión virtual que realiza la Diputación Permanente de la Legislatura, obligados por la contingencia sanitaria, se dio lectura a la propuesta que acordaron turnar los coordinadores de los grupos parlamentarios para que sea el Congreso, quien directamente determine los topes máximos de ingresos que deberán tener los funcionarios de la entidad, tanto en los tres Poderes del Estado, como en los 125 ayuntamientos y en los órganos autónomos.
Lo que se busca es que no haya tanta disparidad entre las percepciones que reciben unos y otros, pero sobre todo que el tabulador tenga un mayor peso específico por ser aprobado por el Congreso para que en realidad sea tomado en cuenta tanto por alcaldes como por los titulares de Poderes de estado.
Cada año, un grupo de seis especialistas que conformaban el Consejo de Valoración Salarial, se reunía y evaluaba la situación económica y presupuestal de los entes públicos y en diciembre emitía recomendaciones sobre las percepciones que deberían tener los miembros de los Poderes Legislativo Judicial y Ejecutivo del estado de México. En marzo, se daba a conocer el tabulador recomendado para los funcionarios municipales.
Aunque en los últimos años, las recomendaciones que hacía el Consejo de Valoración Salarial ya era más tomadas en cuenta por los entes públicos, aun había alcaldes o instancias públicas, como el Poder Judicial, quienes se resistían a ajustarse al tabulador propuesto.
Ahora, como lo realizarán directamente los diputados, con apoyo del Órgano Superior de Fiscalización, se pretende que las recomendaciones de topes máximos de percepciones sean respetadas.
