Redacción
Ciudad de México, 23 de julio de 2020.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas se reunió con siete gobernadores de extracción priísta y los coordinadores parlamentarios en el Senado de la República y la Cámara de Diputados Federal, para analizar propuestas que permitan hacer frente a la actual emergencia sanitaria por Covid-19, desde los distintos ámbitos de gobierno encabezados por dicho partido político.
Entre los asistentes estuvieron los gobernadores del Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Guerrero y Colima; Alfredo Del Mazo, Alejandro Murat, Juan Manuel Carreras, Alejandro Tello, Quirino Ordaz, Héctor Astudillo e Ignacio Peralta.
Los mandatarios ausentes fueron los mandatarios de Hidalgo, Coahuila y Tlaxcala, Omar Fayad, Miguel Riquelme y Marco Antonio Mena; así como Carlos Aysa -sustituto de Alejandro Moreno en Campeche-; y Claudia Plavovich de Sonora, quien ha mostrado resistencia a la dirigencia nacional priísta desde su elección el año pasado.
Acompañado por la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, también fueron convocados Miguel Ángel Osorio Chong -coordinador de los senadores priístas- y René Juárez Cisneros -coordinador de los diputados federales-; además de César Garza Villarreal alcalde de Apodaca y dirigente de la Federación Nacional de Municipios de México; y Francisco Cienfuegos, presidente de la Conferencia Nacional de Diputados Locales Priístas.
De acuerdo a un mensaje difundido en redes sociales, Alejandro Moreno precisó que la reunión se realizó con el propósito de proponer en completa unidad propuestas para impulsar a las familias mexicanas y a México.
En tanto, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo detalló que entre la agenda impulsada por los gobiernos priístas se establecen acciones que reactiven la economía familiar.
El más reciente cónclave entre gobernadores priístas se realizó el pasado 22 de junio, donde se determinó una evaluación del impacto social, político y económico durante la actual contingencia, que ha implicado la suspensión de actividades no esenciales durante casi tres meses.
