Redacción
Distrito Federal. 2 de diciembre de 2015.- El procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez recibió fuertes cuestionamientos por parte de senadores de la República, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia en su intento por convertirse en ministro de la Suprema Corte, en un rechazo anticipado de su postulación por su manifiesta cercanía con el Grupo Atlacomulco, y en particular con los asesores jurídicos de mayor confianza del presidente Enrique Peña Nieto.
En una comparecencia que se prolongó por más de seis horas, los legisladores criticaron a Gómez Sánchez por su relación política y laboral con el mexiquense Peña Nieto, lo que supondría un fuerte conflicto de interés, en una posición dentro del Máximo Tribunal del país que exige de plena autonomía e independencia en su actuación.
Durante los últimos seis años, Gómez Sánchez ha laborado muy de cerca con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, y con su primo, el exprocurador de justicia mexiquense y hoy titular de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes; cuya participación incluye el diseño jurídico de algunas de las reformas estructurales que presume el presidente Peña Nieto, y que pudieran ser parte de litigios en el corto plazo para análisis de la Suprema Corte.
El senador del PRD, Humberto Ríos aseveró que para ocupar el cargo de Ministro se requiere independencia para ser un contrapeso efectivo del Poder, además de capacidades técnicas para realizar este trabajo; sin embargo, dijo la hoja de vida de Gómez Sánchez muestra a un abogado eficiente y talentoso, pero siempre al servicio del Poder.
En tanto, la senadora independiente, Martha Tagle subrayó que existen amplias dudas para considerar al procurador mexiquense como la persona idónea para la Corte, porque ha colaborado en el diseño de reformas estructurales, las cuales la Corte tendrá que atender a través de controversias.
“¿Se considera realmente libre de conflicto de interés para ejercer el cargo?”, interrogó al procurador de justicia del Estado de México.
Por su parte, el también perredista Armando Ríos Piter insistió en que existe un conflicto de interés, ante la condición de subalterno que ha guardado Alejandro Gómez con quienes hoy conducen el Gobierno federal; así como la cercanía y el involucramiento en sus proyectos.
“Es imposible soslayar el caso Tlatlaya y los feminicidios sin resolver en el Estado de México”, fustigó la senadora Layda Sansores.
En su defensa, el procurador de justicia estatal, Alejandro Gómez Sánchez afirmó que su inclusión en la terna presidencial para ocupar una vacante de Ministro en la Suprema Corte obedece al perfil que tiene como abogado.
Para el funcionario mexiquense no existe un conflicto de interés, en tanto que cuenta con una trayectoria personal y las condiciones de independencia e imparcialidad que exige dicho cargo.
En caso de ser designado como Ministro, explicó que actuará con apego a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y con total transparencia en favor de la promoción y protección de los derechos humanos.
“Sí me considero libre de conflicto de interés. Tengo mi trayectoria y conciencia limpias, así como las capacidades necesarias para ser un juez constitucional independiente, imparcial, moderno y responsable”, precisó.
Incluso dijo que en algún momento de su trayectoria profesional le ha tocado trabajar en administraciones panistas, sin que ello vaya en detrimento de sus responsabilidades ni de los cargos públicos que ha desempeñado.
“La garantía para actuar con independencia está en la ley y el análisis que lleva cabo el Senado sobre cada uno de los candidatos propuestos por el Ejecutivo. Nunca he recibido, afortunadamente, ninguna instrucción de algún superior jerárquico, ni del Gobernador ni del Presidente de la República, para actuar contrario al derecho”, defendió durante su comparecen Gómez Sánchez.
