Redacción
Toluca, Edomex. 7 de noviembre del 2014.- El gobierno del Estado de México terminó su análisis de la recomendación que le emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la matanza de 22 presuntos delincuentes a manos del Ejercito mexicano en el municipio mexiquense de Tlatlaya el pasado 30 de junio, y terminó por aceptar el documento.
En un breve comunicado de prensa, la administración que encabeza Eruviel Ávila Villegas manifestó que su gestión está comprometida con la legalidad y el respeto de los derechos humanos y bajo esa tesitura acepta la recomendación que le emitió la CNDH.
En el boletín se informa que Eruviel Ávila giró instrucciones para que su gabinete dé cumplimiento puntual a la recomendación y se informe a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de los avances que se vayan teniendo.
No obstante, en el comunicado del gobierno mexiquense no se aclara qué acciones realizará la administración de Eruviel Ávila para atender todos y cada uno de los puntos observados en la recomendación, donde se señala que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México incurrió en omisiones y violaciones a las garantías individuales de las víctimas de esta matanza y de las personas que estaban en el lugar de los hechos.
Por ejemplo, la CNDH verificó en su investigación sobre los hechos de Tlatlaya que personal la Fiscalía Regional de Tejupilco de la Procuraduría mexiquense toleraron y colaboraron en la alteración de la escena donde 22 personas murieron abatidas por elementos del Ejército, a fin de que todo apuntara a que las muertes fueron producto de un enfrentamiento y no de ejecuciones extrajudiciales como ya se reveló.
También se acreditó que el personal de la Procuraduría “incurrió en tortura y agresiones sexuales y tratos inhumanos” en agravio de las mujeres que estuvieron presentes en lugar los hechos, y amenazas para que no dijeran lo que había ocurrido exactamente la madrugada del 30 de junio en esa bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya.
La CNDH también pudo establecer que hubo irregularidades graves durante la integración de la carpeta de investigación y omisiones que fueron toleradas por el procurador a fin de proteger al personal castrense que había cometido los asesinatos.
Entre las recomendaciones que hace la CNDH al gobierno mexiquense se encuentra la de indemnizar a las víctimas de tortura y agresiones y amenazas por concepto de reparación del daño, así como castigar a los elementos responsables de estas conductas ilegales.
También se pide al gobierno mexiquense capacite al personal de la Procuraduría para que las investigaciones que realicen las practiquen a partir de métodos y técnicas científicas, además que sean con pleno respeto de derechos humanos.
