Juan Carlos Núñez Armas*
Por ordenamiento legal, artículo 6 de la Ley de Planeación, este 1 de septiembre se presentó el informe sobre el estado general que guarda la administración pública federal. Hace muchos años se conocía como “el día del presidente” a quien se festinaba todo lo que decía, sin importar los resultados. Incluso se consideraba día de asueto nacional. Nadie se detenía a revisar si lo mencionado en el discurso era real o ficticio, lo importante era rendir culto a la personalidad del titular del ejecutivo y estar presente en el “besamanos”. A principios de los ochenta, después de la docena trágica, surgió la necesidad de evaluar lo realizado.
En 1982 se realizó el último informe que recuerdo con el presidente como la figura central del “informe”, con López Portillo como protagonista de actos que, afortunadamente, ya no son referente para las generaciones que ahora rondan los 30 años de edad. Sin embargo, en esta ocasión, teniendo como protagonista al presidente López Obrador, me llamaron la atención algunos hechos simbólicos: cerrar el entorno de Palacio Nacional, tener sólo un puñado de invitados (a lo sumo unos 30), el carácter más formal del titular, más que un informe para evaluar el trabajo realizado, regresamos al mensaje político de los setenta. Y claro, las expresiones del titular del ejecutivo, tan especiales, por ejemplo, el “tengan para que aprendan” que soltó muy orgulloso.
Muy al estilo del pasado se destacaron sólo las cosas buenas. Es normal, cuando eres el fotógrafo tú eliges la mejor foto para la exposición. Así que escuchamos al presidente acentuar el alza en el salario mínimo, la estabilidad financiera, el alza en la recaudación y las acciones que entiende como un alto a la tendencia privatizadora. Parcialmente se tocó la seguridad y otros asuntos de plano se omitieron, como los acontecimientos relacionados con el crimen organizado y el reconocimiento a las fuerzas armadas, entre otras.
En este ritual simbólico de regreso al origen serio, me da la impresión que se trató de impulsar su proyecto de gobierno. Pero de algunas cosas, que encabezan su proyecto, no se habló. No hubo referencia a la pobreza, ni a la desigualdad. Y llaman la atención algunas menciones de desempeños como el incremento de las remesas de los migrantes, que no es un logro del gobierno federal. En todo caso sería un logro del gobierno estadounidense que sí apoyó a los trabajadores durante la crisis generada por el confinamiento debido a la pandemia. Otro dato similar sería el crecimiento de la bolsa de valores. Mi interpretación es que con estas acciones quiere proyectar que existe confianza en la estabilidad económica y en su gobierno.
Para centrar el tema sobre la evaluación es necesario mencionar que los informes anuales obedecen a la disposición legal de conocer los avances en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, ahí está el detalle, el plan 2019-2024, a diferencia de lo que establece la ley que debe contener, es una lista de buenos deseos, un manifiesto político. En esta ocasión parece haberse ignorado lo señalado en el artículo 21 Ter de la Ley de Planeación pues no presenta diagnóstico, ejes, objetivos, estrategias e indicadores. En cuyo caso sería más fácil saber si lo realizado se apega a lo planeado.
Para esto último, hay que adentrarse en el estudio formal del documento. Esperemos que los diputados lo hagan, al igual que la Auditoría Superior de la Federación. No debemos olvidar que evaluar a un gobierno debe tener la finalidad de que incremente su eficiencia y eficacia. Evaluar es juzgar los resultados de la economía, de la sociedad, de la estabilidad política, para que se produzcan los cambios específicos o sociales. Un informe serio, con indicadores precisos, no tiene como meta evaluar la popularidad de titular del poder ejecutivo.
Evaluar la política pública, dice Karl Popper, es dar respuestas a preguntas como ¿por qué se seleccionaron esos problemas públicos?, ¿por qué se hicieron esos diseños de política? Y entonces definir si los diseños fueron viables, o se recomiendan rutas de implementación para evaluar las soluciones. A final de cuentas, evaluar no es sólo una mecánica de procedimientos y parámetros de resultados, es un problema ético de las capacidades y voluntades de quien las diseña y las lleva a cabo. Es llevar la coherencia de políticas consigo mismas, los valores que involucran y los medios que emplean.
Evaluar, y cito al Dr. José Merino, debe explicar ¿cuál es la causalidad, cuánto dinero se ha gastado, en qué normas y estructuras se apoyó la ejecución de las acciones?, ¿qué cambios se quieren producir? Es necesario hacer evaluaciones ex post, es decir, preguntarnos si los programas realizados se juzgan con los efectos o impacto de las decisiones y acciones previas. Esperemos que más allá de las formas del discurso, se profundice en la evaluación de lo realizado. La sociedad mexicana está ávida de cambios. Permanece en una búsqueda incansable de dinámicas que le permitan vivir mejor y ha manifestado con su voto, una y otra vez, que apuesta por un gobierno que construya el bien común y que cuando no encuentra respuestas es capaz de cambiar a su gobierno.
* El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM. Y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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