Juan Carlos Núñez Armas*
Hace unos años, implementamos en Toluca un programa innovador llamado Miércoles ciudadano. Resultó una experiencia bien calificada por las/os ciudadanas/os porque tenían la oportunidad de hablar sobre sus problemas con el alcalde o con el primer nivel de la administración pública municipal. Desde hace tiempo hemos visto algunos intentos de presidentes municipales y gobernadores, como Silvano Aureoles, para hablar con el presidente de la República. La mayoría no han tenido éxito. Ambas experiencias reflejan un aspecto muy importante en el arte de gobernar: la voluntad para recibir, o no, a las personas independientemente de su posición política.
Cuando se habla de la participación política existen diversas concepciones sobre la importancia de que las/os ciudadanas/os formen parte de la toma de decisiones. A los ejercicios en los que el pueblo se manifiesta directamente para determinar diversos aspectos de la vida en sociedad se les llama democracia directa y se llevan a cabo por medio de asambleas, iniciativa ciudadana y referendos, entre otros.
En el caso de la democracia indirecta se eligen, mediante el voto universal y secreto, y en elecciones libres, periódicas y organizadas, representantes que toman decisiones a nombre de las/os electores, así se instituyen sistemas como el presidencialista, el parlamentario y el colegiado.
En la discusión académica sobre la democracia, ante la inconformidad de las/os ciudadanas/os respecto al funcionamiento de las instituciones, se concluye, una y otra vez, que el sistema político democrático es el mejor para vivir, a pesar del fenómeno que Habermas describe como mantenerse y ampliarse las promesas incumplidas. Más aún, Habermas agrega que “…la integración política y social no puede limitarse a los intereses particulares y enfrenta la necesidad de tener un aspecto comunicativo”. Por otro lado, autores como Barber hablan de la idea de autogobierno, lo que implicaría una necesaria y elevada educación cívica, así como acciones compartidas y objetivos comunes entre las/os ciudadanas/os, porque al final de cuentas ¿quién determina cuál es el bien común?
Es necesario centrarnos en el aspecto sobre la deliberación de los asuntos públicos, crear un espacio común de debate para que la toma de decisiones colectivas sirva y tenga un mayor consenso. Esto permitiría una mejora continua del bien común y, por ende, un mayor bienestar social.
Ejemplos en el mundo hay muchos, como Chile, donde recientemente se consultó a las/os ciudadanas/os sobre la redacción de una nueva constitución, o Estados Unidos donde casi en cada elección (local) se pregunta a las/os electores sobre decisiones públicas fundamentales para la vida en común, a la par de elegir gobernantes. El caso más sobresaliente de este segundo país es sobre las condiciones y formas del uso de la mariguana en diversos estados de la unión.
También a nivel local, como en Suiza o España, existen comunas o municipios que deciden en asamblea pública sus presupuestos. Los suizos acuden unas cuatro veces al año a decidir cuestiones públicas y, por cierto, tienen en el ámbito federal un gobierno colegiado integrado por 7 partidos diferentes.
La consulta ciudadana puede y debe ser una herramienta en manos de las/os ciudadanas/os. Es fundamental para consultar cuestiones específicas (claras) que afectan la vida en común, el ejercicio de los recursos públicos (los recursos de todas/os), con preguntas directas sin fines electorales y/o partidistas. Necesitamos incrementar la inclusión de ciudadanas/os en la toma de decisiones públicas para fortalecer nuestra autonomía local, y como medio, para construir ciudadanía, para que conozcamos mejor las reglas del juego sobre qué le toca hacer al gobierno y cómo nos afecta.
En resumen, es necesaria la repolitización del quehacer público, con instrumentos más elementales como las audiencias públicas y la escucha activa y directa del gobernante. No por voluntad personal, sino por mandato legal. Nuestro tiempo ofrece variadas oportunidades y herramientas, como las plataformas tecnológicas, para aprovechar el potencial y conocimiento de miles de ciudadanas/os que tienen algo que decir y que quieren ser escuchadas/os. La audiencia pública limitaría la autocracia, cerraría caminos al populismo, limitaría espacios a tecnócratas (que toman decisiones insensibles desde una oficina), simplificaría procedimientos burocráticos y, finalmente, se alcanzaría mayor transparencia y rendición de cuentas.
De esta manera, las/os ciudadanas/os tendríamos resultados palpables, con beneficios a nuestro alcance, además de que se reforzaría la comunicación entre gobernantes y gobernados. Constituyamos por ley la obligación del gobierno de la audiencia pública, instrumento que, en el ámbito local, permitiría un diálogo directo y honesto. Una herramienta así, sin burocracias innecesarias, gasto de recursos escasos y complicaciones varias, pondría a nuestro alcance la posibilidad tangible de participar en la toma de decisiones y construir un buen gobierno para nuestra comunidad.
* El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM. Y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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