Por Violeta Huerta
La transparencia no es una realidad en el estado de México, pues ni la anterior, ni la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal se han cumplido al cien por ciento; mientras algunas autoridades han aprovechado la figura de la clasificación para ocultar información al reservarla parcial o totalmente, argumentando casi siempre motivos de seguridad.
De esa forma, datos como el número de elementos de seguridad que cuidan a ex gobernadores y a alcaldes, los cuerpos de seguridad auxiliar contratados para vigilar edificios, los contratos de algunas obras, las licitaciones, proyectos, los sitios donde se colocaron las cámaras de video vigilancia en este gobierno estatal, e incluso los derroteros son información a la que no se puede acceder.
La mayoría de las autoridades clasificaron la información por el periodo máximo que permitía la anterior ley: nueve años, casi siempre con el argumento de que no se podía entregar por seguridad, o para proteger datos personales.
Sin embargo la nueva Ley de Transparencia establece un plazo máximo de clasificación por cinco años, siempre y cuando se justifique plenamente y exista una prueba de daño.
No obstante, en un vistazo a los últimos índices de reserva de información de los sujetos obligados es posible observar que de nueva cuenta los sujetos obligados han clasificado información por el tiempo máximo, es decir, por cinco años, en algunos casos con la simple invocación de la norma para justificar que no la pueden entregar, sin acreditar el posible daño.
El comisionado de transparencia, Javier Martínez Cruz ha señalado que ninguna autoridad puede clasificar información en forma masiva, ni con generalizaciones y el plazo máximo es de solo cinco años, pero no como regla; sino como un límite cuando se justifique por un riesgo inminente.
Además, los plazos establecidos por los sujetos obligados pueden ser revertidos a través de una nueva solicitud, si mediante un recurso de inconformidad el tema llega al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de México y Municipios y de Protección de Datos Personales (Infoem) y éste obliga a emitir un nuevo acuerdo de clasificación. La ley prevé la posibilidad de hacer una segunda reserva, pero una tercera, solo la podría autorizar el Infoem.
Lo cierto es que las autoridades, tan renuentes a la transparencia y tan felices en la opacidad en algunos casos han abusado de las clasificaciones y se aprovechan del cansancio de la gente, de que hay quienes no recurren y permiten que los datos se reserven por varios años para que nadie los conozca.
Para combatir esas prácticas se requiere una mayor participación ciudadana, hacer uso de todas las herramientas que ofrece la ley, entre ellas: la denuncia directa al órgano de transparencia y los recursos de revisión para inconformarse por respuestas incompletas, no argumentadas, o hasta absurdas.
Las clasificaciones seguirán siendo una herramienta que algunos sujetos obligados usarán para ocultar datos, pero si la sociedad está cada vez más informada y es participativa podrá detectar y recurrir esas prácticas: llevar sus inconformidades al Infoem y revertir, cuando así proceda, reservas de información abusivas.
Hay que conocer la ley, usarla, hacer preguntas al gobierno y a todos los sujetos obligados, y cuando no cumplan con sus obligaciones, exhibirlos.
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Mientras las autoridades aseguran que en el ejido de San Juan de las Huertas, en la zona del Nevado de Toluca, hay un saneamiento forestal, es decir, cortes de árboles enfermos, los ejidatarios acusan que en realidad se llevan árboles sanos.
Es difícil que los ejidatarios mientan porque conocen los árboles, saben leer su edad, reconocer si tienen alguna plaga, y como ellos dicen: no hay autoridades que vigilen la zona, ni especialistas que garanticen que quienes talan no se lleven la mejor madera.
El año pasado los mismos ejidatarios afirmaron que las autoridades se disculparon porque se equivocaron al autorizar el saneamiento. Autorizaron cortes en una zona distinta a donde debían hacerse; por eso la falta de confianza y de credibilidad; bueno, por eso y porque todos los días bajan camiones cargados de madera del Xinantécatl y la reforestaciones y recuperaciones de masa forestal que presumen las autoridades no se ven por ningún lado.
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¿La oposición unida puede ganar en 2018? por supuesto, los números lo indican, pero hay demasiados intereses, egos y pleitos. Además varios personajes son especialistas en dividir y eso beneficia al PRI.
Quizá varios alcaldes del tricolor el siguiente año logren ganar y hasta reelegirse gracias a la división de los partidos de oposición.
