Por: Violeta Huerta
¿Sirven los testigos sociales en el estado de México?
Desde hace casi siete años los diputados locales incluyeron la figura de testigos sociales en el estado de México con la aspiración de que se constituyeran en una garantía de transparencia para los procesos de adquisiciones y licitaciones en todos los ámbitos de los tres poderes del Gobierno, municipios y organismos auxiliares.
El objetivo era novedoso: minimizar los riesgos de opacidad o corrupción, a través de un mecanismo de participación ciudadana que pretendía involucrar a la sociedad civil en las contrataciones públicas relevantes; sobre todo cuando por su monto o impacto requirieran una atención especial.
El Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México se integra por cinco miembros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), y de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).
Según el último informe, en la entidad hay un padrón de 25 testigos sociales registrados, con 40 representantes acreditados; de los cuales 20 son personas jurídicas colectivas y 20 personas físicas. Sus perfiles son de contratación de obra, servicios y adquisición de bienes: contadores públicos, economistas, abogados, arquitectos, despachos, sociedades y asociaciones civiles.
Los testigos sociales por supuesto no son cargos honoríficos, cobran una cuota que va de cerca de 40 mil pesos hasta más de 79 mil, de acuerdo con el monto de la contratación en que participen, pues van de uno a 30 mil pesos y las más altas superan los 205 mil pesos.
El Colegio de Arquitectos y Urbanistas ha acusado que ese esquema no ha funcionado, ni aplica en todos los casos; e incluso señala que en varios apenas verifican el proceso, pero no cuestiones de fondo, como: la solvencia de cada empresa participante y la garantía de que la propuesta elegida sea la mejor opción. Además, asegura, la corrupción no ha cedido, pues es constante la petición de los llamados “moches” y la asignación parcial de obras.
De ser así, la modificación al Código Administrativo mexiquense para incluir esas figuras no estaría cumpliendo con su objetivo de abonar a que los procesos sean imparciales y sin favoritismos, desde la apertura de la convocatoria.
Los testigos sociales al final de cada proceso emiten un testimonio, pero hasta ahora no se conocen observaciones importantes a las contrataciones de obras, servicios o adquisiciones en ninguna institución, pues aun cuando una de sus metas es minimizar riesgos de opacidad o corrupción en todas las instancias, hay poca información sobre la labor que llevan a cabo.
La mayoría de las actas publicadas en los portales de transparencia reportan una discreta participación de esos testigos y se centran en menciones, de que avalan las propuestas porque se apegan a la legalidad y a las bases de licitación.
Ante este papel habría que ver cómo se puede evaluar si a partir de la puesta en marcha de ese mecanismo realmente ha disminuido la corrupción. Hasta ahora no es posible saber si con la participación de especialistas las obras están mejor hechas; si ganan las mejores empresas y las mejores ofertas con buenos precios y calidad.
La experiencia señala que no basta con apegarse a las bases de la licitación. Las asignaciones a las mismas firmas, los accidentes, fallas y errores en algunas obras; el caso OHL, así como las acusaciones de compras caras en algunas instituciones generan molestia ciudadana, pero también la percepción de que no se están haciendo bien las cosas.
Por eso surge la duda en torno a si los testigos sociales no se han convertido en figuras de ornato, en simples espectadores que acuden a los procesos de licitación y contratación más por el interés económico, que por ser un factor determinante en el combate a la corrupción.
Quizá son un elemento cómodo que las autoridades contratan para señalarlo en sus actas, para presumirlo en sus informes. Hay muchas dudas por la falta de transparencia y habría que buscar la forma de demostrar que esos testigos sirven. ¿Han evitado casos de corrupción, o asignaciones por amiguismos?, de no ser así, esa figura no pasaría de ser un adorno normativo.
La tarea debe ser de los legisladores: revisar si ese mecanismo da resultados, y si la respuesta es negativa, hacerle los cambios necesarios.
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El principal beneficiado de la crisis del PRI parece ser Acción Nacional. En varios sondeos se ubica como la segunda fuerza en el estado de México. El PAN no es el partido que ha acompañado a las protestas ciudadanas por temas como el alza al transporte, aunque sus diputados han levantado la voz en el tema del “gasolinazo”.
En municipios como Toluca, donde tienen zonas de fuerte apoyo, sus comités municipales parecen estar dormidos, y aun así, hay ciudadanos que los ven como la opción más viable para vencer al PRI.
