Violeta Huerta
En los últimos meses los diputados mexiquenses han hecho reformas para fortalecer a instituciones como el Órgano Superior del Estado de México (Osfem), han ampliado los plazos en que las faltas administrativas deben investigarse; han creado una nueva Ley de Transparencia y este año deberán avanzar con el Sistema Anticorrupción.
Sin embargo, existe un pendiente importante en el tema de las contralorías: los órganos de control interno siguen supeditados a las dependencias que deben revisar. No han alcanzado una autonomía que les permita investigar y sancionar sin presiones.
Un claro ejemplo es la contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, la cual recibe denuncias y quejas contra diputados, servidores públicos de la Legislatura y ediles; hace investigaciones y propone sanciones, pero es la Junta de Coordinación Política del Congreso local, es decir: los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, quienes deciden si imponen o no algún correctivo.
Los diputados no quieren soltar a la Contraloría. Temen darle autonomía porque mientras sean ellos quienes firmen las sanciones, e incluso, quienes decidan qué castigo dar, tienen la posibilidad de proteger a los alcaldes, síndicos y regidores de su partido.
Las decisiones en torno a sancionar o no a un edil o legislador tienen tintes políticos; son técnicas en la Contraloría cuando investiga y propone, pero adquieren color al momento de llegar a la Junta de Coordinación, pues sin ser especialistas, los líderes de las bancadas se dan el lujo de no respaldar las propuestas de sanción, aún cuando estén fundamentadas.
El propio contralor, Victorino Barrios Dávalos ha admitido que les faltan “dientes”, incluso en su informe anual 2016 advierte que la institución a su cargo no es autónoma y está limitada; por lo cual la mayoría de las sanciones que se aplican son amonestaciones y multas. Destaca la necesidad de hacer reformas.
“Esta restricción se refleja en el tipo de sanciones y recomendaciones que se aplican a servidores públicos recurrentes, las cuales con frecuencia lamentablemente sólo llegan a la amonestación y, en su caso a la sanción económica, pocas veces se llega a la inhabilitación y a la suspensión del cargo, menos aún a la destitución, faltan reformas para la sanción directa por parte de este órgano de control”.
También alerta que existe un “ninguneo” hacia los órganos de control y la necesidad de acortar los plazos para imponer sanciones, pues sólo cuando hay castigos los servidores públicos y representantes populares se ven obligados a cumplir con la ley.
En el informe, el contralor arroja reproches a los legisladores por atar las manos a la contraloría al no permitirle aplicar sanciones en forma directa, pero también porque cada vez, afirma, tiene menos posibilidad de actuar.
“Los órganos de control y de fiscalización cada vez tienen más trabajo y menos oportunidad de actuar, se vive una espiral creciente de ninguneo a la autoridad administrativa, por ello es urgente acortar los plazos ante la imposición de la sanción económica y su ejecución”.
Esa Contraloría en 2006 detectó y castigó el extravío de unos cheques, con lo cual esa conducta no se volvió a repetir, y en 2003 era común que los diputados omitieran presentar su manifestación de bienes, pero la contraloría inició procedimientos y ahora los 75 cumplen.
Hoy el órgano de control interno de la Legislatura mexiquense clama por mayor autonomía. El contralor ha admitido que todavía algunas autoridades municipales llegan a ver qué pueden llevarse y lamentablemente se han dado casos de abusos y violaciones a la norma.
El año pasado se iniciaron procedimientos en la mayoría de los municipios porque el nombramiento de funcionarios, entre ellos: de secretarios del ayuntamiento y directores de área no cumplían con el perfil exigido. Se espera que haya sanciones a quienes los avalaron porque varios alcaldes optaron por nombrar a sus amigos, pese a no ser los idóneos, con el respaldo de regidores.
A la Contraloría le faltan “dientes” y los únicos que se los pueden dar son los legisladores, pero mientras no lo hagan, seguirán las dudas en torno a que posiblemente las decisiones de la junta son políticas para proteger a los ediles, con lo cual, estarían regalando impunidad.
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La mayoría de los partidos políticos no cumplen con hacer públicas todas las disposiciones de la nueva Ley de Transparencia para dar a conocer datos básicos como su directorio, percepciones y cómo gastan los recursos públicos que reciben. Los ciudadanos tiene la posibilidad de presionarlos, exhibirlos y hasta denunciarlos por no atender la norma.
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En estos días el Congreso local luce semi vacío. Pocos diputados acuden a sus oficinas y conforme avance el proceso electoral, aumenta el riesgo de que los legisladores se aboquen a apoyar a sus candidatos y partidos y descuiden su labor legislativa.
