Francisco Ledesma / El Atencazo cumple 13 años
Hoy se cumplen 13 años de la reyerta en San Salvador Atenco, y nadie puede soslayar un suceso que no sólo debe evitarse por sus consecuencias sociales, sino que exige un acceso a la justicia y una reflexión sobre el futuro inmediato de una zona históricamente abandonada, con abismos en su desarrollo regional, y que en la toma de decisiones parece olvidado.
Era mayo de 2006, las instrucciones de Humberto Benítez Treviño y Wilfrido Robledo obligaron a los policías a reprimir una manifestación social; que derivó en detenciones arbitrarias, allanamiento de viviendas y vejaciones sexuales en agravio de los pobladores de San Salvador Atenco, y parte de Texcoco, donde surgió el conflicto con un grupo de floristas y su gobierno local.
A la distancia, el Estado de México carece con protocolos de actuación que le permitan a las policías preventivas actuar con prudencia frente a las manifestaciones masivas. En un fallido intento, el sexenio eruvielista dispuso de la Ley Atenco, que demostró su inconstitucionalidad, para dejar en la desmemoria un asunto de trascendencia para las autoridades y la sociedad civil.
Muchos hoy se alarman por las tanquetas en Venezuela, pero debieran recordar una y otra vez, que aquí, murieron dos jóvenes: uno a consecuencia de arma de fuego, cuya bala coincidía con el calibre de la Policía Estatal; y otro más por el proyectil de gas lacrimógeno. En un acto de injusticia, trece años más tarde, no existió un solo detenido ni un acusado por ambos asesinatos.
En el traslado de Atenco a Almoloya de Juárez, organismos civiles lograron acreditar vejaciones sexuales en agravio de al menos once mujeres, cuyo caso ha sido admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En contraste, durante la gubernatura peñista apenas un policía estatal fue procesado penalmente por actos libidinosos, un delito no grave que ni siquiera ameritaba prisión. El resto de las acusaciones se desvanecieron por obstáculos del Ministerio Público.
Encarcelados durante cuatro años permanecieron los líderes del movimiento de Atenco: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, quienes inicialmente habían sido acusados por el procurador de justicia, Abel Villicaña; y sentenciados por el Poder Judicial, que entonces encabezaba José Castillo. Las condenas eran semejantes a las de los más cruentos secuestradores: 112 años de prisión.
La exoneración de los presos políticos no fue una decisión ni de las autoridades ministeriales ni de las judiciales, mucho menos del gobernador que soñaba con Los Pinos. Fue una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que evidenció un proceso indebido en contra de los líderes del movimiento por la defensa de la tierra, surgido muchos años atrás.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó en su momento distintas violaciones a las garantías individuales: detención arbitraria; trato inhumano; allanamiento de morada; retención ilegal; incomunicación; tortura; violación sexual; y el derecho a la vida por los homicidios ya mencionados.
Pese a la recomendación emitida por la CNDH, las autoridades estatales han sido omisas en garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Ha prevalecido la omisión de un lado, y la impunidad del otro.
En tanto, el marco legal es un asunto tan pendiente, como riesgoso de repetir en caso de que se requiera la intervención policíaca en una manifestación. La criminalización de la protesta social parece un protocolo sistemático de quienes detentan el monopolio de la fuerza pública, y que se agudiza frente a órganos nuevos como la Guardia Nacional con la intervención de fuerzas castrenses.
Ahora bien, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) surgió en Atenco como una protesta por la construcción del aeropuerto foxista en Texcoco, que abarcaba grandes extensiones de tierra en este municipio aledaño.
El proyecto aeroportuario se canceló, pero ahí prevaleció un movimiento disidente producto de las brechas de desigualdad social que ahí se padecen.
Años más tarde, el aeropuerto peñista impulsado en Texcoco, garantizaba dejar a salvo las tierras de Atenco, a cambio de grandes extensiones de tierra que se habían comprado durante el sexenio calderonista. Sin embargo, existía la promesa de que el desarrollo urbano y económico alcanzaría a los de Atenco.
Ahora, el gobierno de López Obrador decidió cancelar de nueva cuenta el aeropuerto texcocano y llevárselo a Tecámac y Zumpango. Los de Atenco están llenos de beneplácito ante un plan que siempre rechazaron. Sin embargo, la gran incógnita es el futuro hacia con ellos, cómo revertir esa pobreza, esa marginación y esa disidencia que prevalece intacta.
En la agenda pública, Atenco parece que sigue en el olvido para todos.
La tenebra
La relación de Andrés Manuel y Alfredo Del Mazo se fortalece en los momentos de crisis. Ayer no sólo hubo disculpas, hubo reunión y la camaradería alcanzó para las selfies. Todo apunta a que Del Mazo se ha convertido en un interlocutor legítimo con el gobierno federal, y eso deberá ser rentable en sus activos políticos, incluso entre los gobernadores priístas.
