Ante los resultados electorales oficiales -a reserva de los procesos de impugnación anunciados por los partidos de oposición-, que otorgan el triunfo al priísta Alfredo del Mazo, el principal desafío que enfrentará quien eventualmente se convertirá en gobernador del Estado de México a partir del mes de septiembre, será revertir la deslegitimidad que le arrojaron las urnas y dotar de gobernabilidad en medio de una abrumadora mayoría que votó en su contra.
Los comicios del pasado 4 de junio, dieron como vencedor de la contienda electoral a Alfredo del Mazo, en un proceso altamente cuestionado por la intervención sistemática y desenfrenada de los gobiernos federal y estatal, ante la omisión de las autoridades electorales; a través de una competencia inequitativa en la que se favorecieron las peores prácticas clientelares para promover la candidatura delmacista: en resumen, una elección de Estado.
Lo cierto es que de los poco más de seis millones de mexiquenses que decidieron salir a votar, poco más de cuatro millones de electores lo hicieron en contra de Alfredo del Mazo. Eso representa que seis de cada diez votantes se manifestaron en contra del partido en el gobierno, y de una clase gobernante creyente de que el poder público es un asunto dinástico que puede heredarse y perpetuarse. Poco más de cinco millones de electores prefirieron no sufragar, quedarse en sus casas, y dejar que la decisión de elegir gobernador lo hiciera alguien más.
La legitimidad del próximo gobernador está sumamente lastimada, caracterizada por el hartazgo hacia las élites políticas, un repudio a la rampante corrupción y a los desmesurados conflictos de interés. El pírrico, y altamente cuestionado triunfo delmacista, puede anticiparse como una afrenta para los próximos seis años frente a un electorado que ha puesto en duda la elección, pero que al momento de votar, mostró su repudio al actual régimen, al partido en el poder, y al candidato priísta que ha resultado vencedor.
En la agenda pública por delante, aquí anticipamos la imperiosa necesidad que promoverán los partidos de oposición para revertir las desventajas y la inequidad que padecieron en la reciente elección. Ahí, se puede advertir que deberán modificarse las reglas electorales para garantizar una contienda justa, sin la intervención lacerante de las autoridades formales; aunado a considerar eventualmente la segunda vuelta, ante una competencia tan reñida, en la que la ventaja entre el primero y el segundo lugar fue de apenas dos puntos porcentuales y poco menos de doscientos mil votos.
En la agenda de gobierno, lo deseable es que el próximo gobernador -aun cuando se confirme la victoria del priísta Del Mazo- se ocupe de aquellos oprobios que tanto repudio generaron entre los votantes hacia su partido, donde se incluya un combate a la corrupción, a los conflictos de interés, al influyentismo, al enriquecimiento de los gobernantes al amparo del poder, al nepotismo y al manejo discrecional de los recursos públicos.
En la medida que las autoridades electorales avancen en la posibilidad de transparentar el resultado de los comicios, y que Alfredo del Mazo asuma como propia la agenda pública que tanto lástima a los mexiquenses que votaron en su contra, podrá avanzar en legitimar su ejercicio de gobierno y dar gobernabilidad a un estado lastimado por una elección cuestionada e inequitativa.
