La discusión pública de la última semana se ha enmarcado en el rechazo tajante al incremento en el precio de los combustibles, pero que a nivel local pudiera tener un efecto inmediato e inflacionario: la eventual e inminente alza en las tarifas del transporte público en el Estado de México. Esa consecuencia inmediata, parece no haberse considerado en los efectos inflacionarios del denominado gasolinazo, que aparte de ser una impopular medida, ha sido deficientemente explicada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Sin la autorización oficial, desde la semana pasada algunas unidades del transporte público en el Valle de Toluca fijaron como tarifa mínima los diez pesos, realizando cobros arbitrarios a los usuarios del servicio público.
Más allá de la reciente renuncia del secretario de Movilidad, Isidro Pastor Medrano, resulta urgente que el gobierno del Estado de México realice las medidas necesarias y las sanciones correspondientes, a los concesionarios de un servicio público, quienes han recurrido a acciones ilegales, bajo el pretexto de que el incremento en los combustibles representará una escalada en sus costos de operación. Hasta ahora no existe una autorización formal a sus tarifas.
En esencia, se advierte de nueva cuenta un aumento en las tarifas del transporte público sin que se hayan resuelto asuntos de fondo históricos: prolifera la invasión de rutas; también se distingue un amplio deterioro en muchas unidades del servicio de pasajeros; falta de capacitación de los conductores; y otras tantas unidades con altos índices contaminantes.
En general, el transporte público se caracteriza por su ineficiencia operativa: los usuarios deben usar hasta dos o tres rutas para llegar a su destino. También se manifiesta un alto costo financiero: el servicio público de pasajeros no representa un mecanismo económico para las familias mexiquenses.
Desde hace años, los incrementos en las tarifas son argumentos ideales para generar promesas y expectativas de una mejora en el servicio, las cuales se han incumplido sistemáticamente, al menos en las últimas dos décadas.
En la víspera electoral, el gobierno del Estado de México puede transitar por dos vías en los costos del transporte público: generar un acuerdo político para evitar un alza en las tarifas del servicio de pasajeros que logre atemperar un mayor hartazgo social que pudiera reflejarse en las urnas; y en esa medida, apostar al uso clientelar con los concesionarios del transporte público para la movilización de votantes en tiempos electorales. No sólo eso, muchos políticos, parte de esa clase gobernante, son empresarios del transporte público estatal.
Lo que se puede anticipar, es que se mantengan las tarifas del transporte público, y pasada la elección autorizar un incremento al precio del pasaje. Sin embargo, de fondo no habrá cambios estructurales por mejorar el servicio de pasajeros que inhiba el uso del automóvil particular.
El gasolinazo tendrá efectos inflacionarios irreversibles, y el transporte público ya ha comenzado a generar presiones políticas para consumar el incremento en sus tarifas. Por ahora, lo preocupante no sólo apunta al deficiente servicio de pasajeros que padecen los mexiquenses sino a los abusos en el cobro del pasaje ante la pasividad y omisión de autoridades que lo permiten y lo toleran.
