La acelerada intención del Instituto Electoral del Estado de México por reconocer este martes 8 de agosto, de forma oficial y oficiosa, el triunfo del priísta Alfredo del Mazo y con ello asumirlo como gobernador electo, es una maniobra institucional y de facto para evitar rebatirle los resultados, pero insuficiente para dotarle de legitimidad, frente a un proceso comicial inequitativo y que favoreció la injerencia del Estado para otorgar una mínima diferencia al candidato ganador, con una victoria altamente cuestionada.
En paralelo, Morena ha sido incapaz de mostrar pruebas del presunto fraude electoral, más allá del imaginario colectivo que por tratarse de una elección profusamente competida y con una escueta ventaja para Del Mazo, supone que es preferible asumir la postura de victimizarse frente a la derrota, por encima de reconocer los errores cometidos por su líder moral Andrés Manuel López Obrador; su candidata, Delfina Gómez; su campaña y su estructura manejada por el Grupo de Acción Política (GAP), que en su conjunto resultaron incapaces para arrebatarle el principal bastión a la maquinaria priísta.
Del PAN y PRD sólo alcanza la especulación para imaginar que en su presunta inconformidad con los resultados electorales de junio pasado ganaron aún perdiendo, en su apuesta por conservar sus privilegios, preservar sus intereses y mantener sus cotos de poder. La connivencia entre panistas y perredistas con el régimen de los últimos cinco gobernadores ponen de manifiesto su capacidad para concertar, negociar, ceder, dominar, adular, atacar y simular.
En la cancha priísta, Del Mazo y los suyos, han adoptado un rol de meros espectadores para recibir oficial y legalmente la constancia de mayoría, que será un cheque en blanco en el ejercicio del poder político, el uso del dinero público y el manejo electoral del Grupo Atlacomulco para los próximos seis años, y el refrendo clientelar para el priísmo mexiquense en la tierra natal de Peña Nieto.
La principal responsabilidad en el conflicto postelectoral, incluido el descontento social con los comicios y sus resultados, radica en los órganos electorales que han sido incapaces de comunicar las razones por las que es irrefrenable la incidencia gubernamental en los comicios, en tanto que las leyes electorales están diseñadas para hacer ganar a quien comete el mayor número de trampas posible, pero sin dejar huellas tangibles y asequibles de su ejecución.
Para abonar a esa desconfianza ciudadana en las instituciones electorales, el IEEM de forma inexplicable decidió acelerar el reconocimiento tácito de Alfredo del Mazo como gobernador electo, como si recibiera instrucciones superiores y renunciara a su autonomía y a la imparcialidad, que le exigen tanto los partidos de oposición pero que le reprochan los electores que asumen el fraude electoral.
El reto por delante, es cómo las instituciones electorales recobran la confianza frente a unos comicios cargados de incredulidad por sus resultados, un resultado que las autoridades electorales están urgidas en legitimar, cuando están por agotarse los tiempos, los procedimientos y la actuación de otras instituciones.
¿A quién conviene reconocer a Del Mazo como gobernador electo? Parece que a nadie, en tanto que la oposición mantiene su batalla jurisdiccional condenada al fracaso; el IEEM se ha sometido a una nueva andanada por su entreguismo; Eruviel enfrenta un vacío poder desde hace meses y Del Mazo deberá abandonar el silencio y la ausencia, para que el IEEM le pueda levantar la mano del triunfo el próximo martes, mientras la repulsión social se acrecienta más y más.
