El crimen del precandidato priísta a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas San Román enrarece ampliamente el clima electoral en el Estado de México, ante una escalada delictiva irrefrenable que ahora impacta entre la clase gobernante, cuya consecuencia pudiera inhibir la participación democrática de los votantes en los comicios a celebrarse en julio próximo.
El mayor desafío del gobernador Alfredo del Mazo tiene un agravante, al poner de manifiesto la vulnerabilidad que tiene inclusive la élite política. La crisis política se agudiza ante la tibieza del mandatario mexiquense para condenar un artero crimen en contra de un diputado federal -compañero de bancada del propio Del Mazo-, que advierte el mayor problema que afronta el sistema de seguridad y justicia del país y del estado: la prevalencia de la impunidad.
Además, resulta preocupante, la lentitud por parte de la Fiscalía General de Justicia para acallar rumores sobre el móvil del atentado contra el precandidato priísta que terminó por arrebatarle la vida, ante una presunta venganza política.
En resumen, el asesinato de Rojas San Román conlleva distintas connotaciones, asentado en un municipio urbano -tierra natal de la exdirigente estatal priísta-; en agravio del partido en el poder y de un candidato a la alcaldía.
De octubre a la fecha, una numeralia periodística anticipa que los ataques a precandidatos han asesinado a 15 políticos en diversas entidades y de distinta extracción partidista. El horizonte parece tan cruento y accidentado como los comicios presidenciales de 1994, que derivó en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, en un resultado electoral marcado por un voto del miedo a favor del candidato oficial; mientras la clase gobernante y los votantes pierden capacidad de asombro, y proliferan reacciones parsimoniosas e inaceptables.
Llama la atención el desdén de la oposición frente al crimen político, como si el riesgo se limitara exclusivamente a la clase gobernante priísta. Hasta ahora, la oposición se ha mantenido omisa frente a un riesgo que debería poner una condena por parte de los actores políticos sin importar su posición ideológica.
Hoy, el gobernador Alfredo del Mazo tiene una oportunidad de reaccionar positivamente ante el crimen político: por un lado, el esclarecimiento del crimen de Francisco Rojas; y por otra parte, con acciones inmediatas, dar certeza a partidos políticos, candidatos y electores, de que el proceso electoral no representa riesgos mayúsculos que pongan en duda su legalidad y legitimidad.
De no hacerlo, Del Mazo pondrá en riesgo la gobernabilidad del Estado, y de paso, el desarrollo pleno de las campañas proselitistas, de los comicios federales y locales, y el reconocimiento pleno de los resultados electorales.
Alfredo del Mazo tiene en las elecciones de julio entrante, la consigna de recobrar la confianza en las instituciones, en los comicios y en los resultados, ante la fragilidad de su triunfo que ha dejado lastimada su legitimidad. Sin embargo, en medio de esa ruta electoral, se le ha atravesado un nuevo obstáculo que lacera la mayor preocupación de los mexiquenses, vinculada a la cruenta violencia.
En adelante, no basta con decálogos de buenas intenciones o simples lugares comunes que pretendan atender un problema que ha rebasado a los gobernantes, y la presunta fortaleza de sus instituciones. Ahí está algo más importante que las propuestas con que puedan salir a la calle, quienes pretenden convertirse en presidentes municipales y diputados locales en la elección próxima.
