La rendición de cuentas es una premisa pendiente entre la clase gobernante para demostrar que su trayectoria política no es una plataforma de enriquecimiento, reiteradamente inexplicable, derivado de presuntos actos de corrupción, conflictos de interés o tráfico de influencias; pero hasta ahora lo que impera ha sido la simulación, la opacidad informativa o la resistencia a la publicidad.
La semana pasada, el gobernador Eruviel Ávila y su gabinete realizaron su declaración patrimonial, de interés y fiscal, con varios matices que comprobaron por un lado, el enriquecimiento de varios de sus integrantes a partir de su ascenso en el poder político. La excepción a la regla la marcó el mandatario mexiquense, quien de acuerdo a la información publicitada resultó haber empobrecido en los últimos cinco años, respecto de su última declaración patrimonial cuando era alcalde de Ecatepec y candidato a la gubernatura.
Lo cierto es que la clase gobernante, y la opinión pública, han construido de los cargos públicos una percepción negativa por servirse del poder político para construir fortunas personales que laceran la realidad de más de 60 millones de mexicanos que viven en condición de pobreza o marginación. La élite política exhibe una profunda distancia por su ostentosidad y ser parte de una polarización económica que agrava las diferencias sociales entre pocos que tienen mucho, y muchos que tienen muy poco.
En tanto, la declaración patrimonial difundida por la clase gobernante simplemente carece de verosimilitud en el caso del mandatario mexiquense, Eruviel Ávila quien reportó un decremento de su riqueza inmobiliaria y económica, cuando la apuesta de sus asesores es la desmemoria colectiva en relación con la evolución de su patrimonio hecha pública en mayo de 2011.
La opinión pública tiene elementos de sobra para mostrar no sólo su desconfianza sino su hartazgo frente a la clase gobernante, enriquecida, opaca e involucrada en actos de corrupción, desvío de recursos públicos, conflictos de interés y una impunidad rampante que parece resolverse con meras disculpas públicas que no castigan conductas ilícitas ni resarcen los daños provocados.
En el escenario que atañe al Estado de México, la clase política mexiquense ha sido exhibida por sus excesos al amparo del poder durante la última década. Ahí está la defenestración pública del exgobernador Arturo Montiel, que incluso lo obligó a renunciar a su aspiración presidencial en 2006, o más recientemente el caso emblemático de la Casa Blanca, que involucró a la familia del presidente Enrique Peña Nieto y su relación con la élite empresarial del país.
Hasta ahora, el régimen político ha diseñado esquemas de rendición de cuentas con la firme intención de legitimar al poder público pero que no remedian la opacidad ni los límites que se imponen en el acceso a la información de servidores públicos como lo exige el avance democrático de la sociedad.
Es necesario que la sociedad civil tenga mayores herramientas para conocer el ejercicio del presupuesto público, y tener certeza sobre la autenticidad de los datos proporcionados por la clase gobernante acerca de su riqueza patrimonial, pero más importante aún, es que la élite política deje de concebir el ejercicio del poder público como una vía de enriquecimiento personal y un mecanismo de evolución patrimonial en abundancia. La transparencia es un medio, pero el fin es construir una clase gobernante responsable con su actuar público.
