Toluca, Edomex. 4 de mayo de 2015.- Las nuevas reglas de fiscalización impuestas en la ley electoral vigente han puesto frente a un desafío a partidos y candidatos, para generar campañas diferentes, austeras, de amplia cercanía con la ciudadanía, de poca movilización y organización sobre eventos masivos y de contener el despilfarro financiero que antes suponía el proselitismo en cualquier rincón del país.
Hoy los candidatos viven con un temor generalizado por respetar la legalidad de la campaña, pues de comprobarse un rebase en su tope de gastos proselitistas cabe la posibilidad de anular su triunfo. La oposición por su parte, que se vuelve competitiva en algunos municipios o distritos, se encuentra vigilante de los posibles excesos en que caigan sus adversarios, con la mira puesta en judicializar el proceso electoral en curso, y determinar que el triunfo se resuelva en los tribunales.
Los candidatos por ahora han regresado a las campañas tradicionales, de recorrer calle por calle y casa por casa. El “toque de puertas” que antes era un acto simbólico de las campañas para la fotografía, ahora se ha convertido en el rutinario desarrollo del proselitismo.
Para el electorado, la gran ventaja podría ser que tienen como pocas veces o nunca antes, la posibilidad de dialogar con los candidatos, de acercar sus inquietudes, y también de hacer escuchar sus reclamos hacia la clase política y su permanente desatención. En contraste, la cantidad de electores impactados en el tiempo de duración de las campañas será reducido en la medida que estarán limitados los eventos masivos, el acarreo y la acostumbrada “cargada” con la que los candidatos buscaban impresionar a sus opositores.
Hasta ahora los saldos de la ley electoral en materia de fiscalización pone de manifiesto sensatez en el gasto que realizan los partidos y candidatos, pero evita un amplio posicionamiento de los aspirantes a cargos de elección, que en 60 o 34 días, para el caso de campañas federales o locales, deben hacer recorridos a pie, casa por casa, para evitar cualquier dispendio y posibilitar un acercamiento con sus electores.
En este caso, otra vez se pone en desventaja a candidatos pocos reconocidos y aventaja a los candidatos “chapulines”, quienes aprovechan su cargo anterior por el reconocimiento que ya cuentan entre su electorado. Al final, la equidad de la contienda electoral que se pretende establecer mediante un gasto más regulado y vigilado, resulta insuficiente en el momento de la promoción de voto.
No sólo eso, también se abre el riesgo de que lo que antes se gastaba en utilitarios, pinta de bardas, espectaculares y demás recursos de mercadotecnia electoral, ahora acabe en el uso de dinero efectivo por comprar el voto o ganar simpatías.
Más preocupante resulta que muchos de los resultados electorales tengan remedio en los órganos jurisdiccionales, derivado de supuestas violaciones a la legalidad, y eso se convierta en que los grandes electores rebasen a las urnas y se impongan en decisiones desde los tribunales, que en consecuencia impongan además una mayor desconfianza en la democracia y sus instituciones electorales.
Otro grave problema se concentra en la posibilidad de un abstencionismo inusitado, pues en la medida en que no existe suficiente promoción por parte de los partidos políticos y candidatos por cuidar su tope de gastos, se profundiza el desconocimiento de la población sobre la fecha de la elección, sobre quiénes son los candidatos y por tanto, crezca el desinterés o la apatía de los votantes por acudir a las urnas.
El saldo final pareciera positivo, pero riguroso en algunas fórmulas de fiscalización que han limitado a los partidos y candidatos para hacer campañas, y abre la puerta para buscar actos subrepticios para convencer a sus electores de votar a su favor.
Sin dudarlo, como ocurre tras cada elección, los partidos y futuros legisladores –que serán electos con la actual ley electoral- emprenderán una nueva reforma para enmendar una legislación que hasta ahora fue insuficiente para garantizar la equidad y que ha limitado el posicionamiento electoral de los candidatos y sus propuestas. El saldo final se obtendrá pasados los comicios y validados sus resultados.
