Redacción
San Salvador Atenco, Edomex 3 de mayo del 2015.- Han pasado nueve largos años pero las heridas no han cicatrizado. Siguen vivas, presentes, como si el tiempo no hubiera pasado. El agravio persiste y la amenaza del despojo de sus tierras también.
Después de los enfrentamientos violentos del 3 y 4 de mayo del 2006 entre pobladores de Atenco y policías federales y estatales, la justicia no ha llegado por igual. Para unos, los más débiles, todo el peso de la ley; para otros, la complacencia y la impunidad.
Aquellos días de mayo del 2006, más de 200 personas fueron detenidas y encarceladas por conspirar contra el Estado; por cometer diversos delitos al resistirse a una obra monumental como supone ser un aeropuerto; por osar desafiar a la autoridad.
Tras varias semanas, la inmensa mayoría quedó en libertad por falta de pruebas. Una docena quedaron en la cárcel y de a poco lograron salir pues tampoco había elementos de su culpabilidad. A los dirigentes se les condenó a más de 100 años de prisión. Se les recluyó en un penal federal de máxima seguridad, del cual salieron cuatro años después, porque los ministros de la Corte confirmaron que hubo violaciones al debido proceso.
Pero de los más de 300 policías que participaron en aquella incursión a San Salvador Atenco y en Texcoco, ninguno pisó la cárcel. Nadie ha pagado por las muertes de Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago, quienes fallecieron por haber recibido proyectiles disparados desde el bando policial.
Las averiguaciones previas iniciadas para investigar estos homicidios han quedado en el olvido, aunque año con año, el procurador estatal en turno jura que ambos asesinatos no habrán de quedar impunes.
Los abusos y violaciones graves a los derechos humanos confirmados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco han sido castigados.
En aquel 2006, la Procuraduría General de Justicia de la entidad, fincó a una docena de policías estatales el delito de abuso de autoridad, pero al no haber imputaciones directas, libraron la acusación.
Luego, dos uniformados más fueron señalados por actos libidinosos, en agravio de las detenidas. La acusación endeble de la autoridad permitió que no fueran sentenciados.
Hasta hace un año, ningún policía había enfrentado la justicia. El 22 de octubre pasado se informó que ocho policías y once médicos legistas habían sido consignados por el delito de tortura en agravio de los detenidos de Atenco el 3 y 4 de mayo.
Los juicios se desarrollan de la manera más sigilosa. Ni la Procuraduría ni el Poder Judicial informan, en qué etapa del proceso se encuentra la causa penal. Pareciera una farsa.
Y mientras tanto, los pobladores de Atenco ven encima una nueva amenaza con la reactivación del proyecto aeroportuario para una zona aledaña al municipio. Aunque el proyecto no contemple la expropiación de sus tierras, sí pende sobre sí una intención de despojo. Y mientras tanto, la justicia sigue esperando.
