Toluca, Edomex; 30 de julio de 2019.- Mientras el gobierno de López Obrador avanza hacia un inexorable desgaste del poder público, de forma directamente proporcional se abren flancos contra el peñismo en su parte más vulnerable: la corrupción. Anoche, se informó que Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, deberá comparecer la semana próxima ante un juez penal federal, acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público. La imputación está vinculada por la “Estafa Maestra”, pero vincularía a más funcionarios.
Robles, en su paso por Sedesol y Sedatu, no firmó en ningún momento documento alguno que pudiera vincularla con la “Estafa Maestra”. Por ese motivo, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero estaría por tipificar delincuencia organizada; en cuyo caso la exsecretaria de estado habría actuado con la complicidad de otros funcionarios y al menos ocho universidades públicas. La trama contra el peñismo busca en el fondo mejorar la percepción de un presidente que dentro de un mes rendirá su primer informe de gobierno.
Rosario tuvo su origen en la izquierda. Fue un dolor de cabeza para el priísmo mexiquense en las elecciones de 2003 como dirigente perredista. Tras su defenestración política, resurgió en la gubernatura peñista. Tuvo una cercanía con el atlacomulquense, arropada por Ernesto Nemer, con quien formó mancuerna en la Sedesol. En su paso por la federación trabajó con más mexiquenses: Héctor Velasco y Gustavo Cárdenas. Hoy, el panorama luce sombrío para la discípula consentida de Cuauhtémoc Cárdenas.
El gobierno lopezobradorista se infringió una presión innecesaria. Cuando ha sido incapaz de detener a Emilio Lozoya, ahora lanza una nueva andanada contra Robles, la cara más exhibida de los presuntos desfalcos del sexenio. Existe el riesgo de que sólo queden como asuntos mediáticos. En ese supuesto, el intento por combatir la corrupción se convertirá en impunidad. Andrés Manuel debe asumir que el pacto de impunidad, si es que existía, ha llegado a su fin.
El columnista Raymundo Riva Palacio ha revelado que existen indagatorias del gobierno federal que involucran al menos a ocho exmiembros del gabinete legal y ampliado del peñismo. Algo está claro: en la boda en la que coincidieron Peña y Del Mazo, también estuvieron presentes Juan Collado y Rosario Robles; además de Eduardo Medina Mora. Todos han sorteado acusaciones de distinto tipo fiscal, patrimonial y del ejercicio público en las últimas semanas.
A partir del 8 de agosto, una vez que se conozcan las acusaciones en contra de Robles se podrá incidir sobre otros personajes involucrados, ya sea del sector gubernamental, académico o empresarial. Si Rosario acude a la audiencia y es vinculada a proceso, es altamente probable que sea encarcelada por considerar la delincuencia organizada una acusación que amerita prisión preventiva.
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