Toluca, Edomex. 26 de abril de 2019.- Alejandro Gómez Sánchez, ayer rindió su informe como fiscal de justicia, a puerta cerrada y con absoluto ostracismo. Fue recibido por la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Estatal. Prometió regresar, cuando los diputados locales conozcan su trabajo, y rendir mayores explicaciones. La Fiscalía, ha confundido su autonomía, hasta convertirse en un ente opaco, de excesivos gastos y resultados cuestionables. Que nadie se sorprenda si la mayoría morenista se vuelve a imponer en otra remoción.
En un albazo, en el sexenio eruvielista y con la pasada legislatura, Alejandro Gómez garantizó su permanencia como Fiscal de Justicia hasta 2023, entonces bajo el manto de protección de los Cervantes -encabezados por Alfredo Castillo y Humberto Castillejos-. En su andar ministerial, en más de una ocasión Gómez Sánchez ha sido señalado por su frivolidad, su excentricidad y la onerosidad desde la oficina del sexto piso que ocupa la Fiscalía General de Justicia.
El encargo de Alejandro Gómez no es un cheque en blanco. En la oficina de Alfredo Del Mazo no ven con malos ojos su remoción, si el gobernador tuviera margen de maniobra para impulsar alguien de su círculo cercano. En el escritorio de Maurilio Hernández, una remoción del titular de la Fiscalía, sería parte de un proceso natural para hacer valer su contrapeso. Cuando veas las barbas de Fernando Valente cortar, pongan las de Alejandro Gómez a remojar.
La Fiscalía de Justicia no ha logrado su autonomía, es una oficina más para repartir cuotas de poder. En la eventual designación de un nuevo Fiscal de Justicia hay muchos grupos de interés. Desde el infaltable Poder Judicial que ven con naturalidad pasar de un trapecio a otro; la injerencia de los exgobernadores; y la infaltable incidencia legislativa. La decisión deberá ser institucional y no política; pero motivos, advierten, hay de sobra para sustituirlo.
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La Legislatura del Estado de México concluirá el próximo martes el periodo ordinario de sesiones. Quedarán pendientes la Ley del Issemym y la Ley Universitaria. Morena lleva mano con su mayoría y con sus iniciativas.
Los actores involucrados participarán del debate, pero no tomarán decisiones, para eso están los legisladores. Ambas leyes podrían ser votadas antes del mes de septiembre, cuando el gobernador rinda su segundo informe de labores.
En ambas instancias hay circunstancias inaplazables: la rendición de cuentas ante la sospecha y los posibles malos manejos. Los diputados locales, sin importar el partido al que pertenezcan, se pueden permitir matices que no resuelvan de fondo las finanzas públicas. Ahí se debe hacer cirugía mayor.
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