Toluca, Edomex. 25 de junio de 2015.- Alberto Bazbaz Sacal está convertido en el perro de pelea del gobierno peñista. A través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el célebre procurador de justicia del caso Paulette, ahora está dedicado a desactivar a los enemigos políticos del priísta atalcomulquense. Desde el escritorio de Bazbaz se armó el expediente en contra de Elba Esther Gordillo acusada de lavado de dinero, cuya ejecutoria se realizó con posterioridad a través de su pupilo, Alfredo Castillo desde la PGR. La maestra Gordillo sigue en prisión y acorralada por las denuncias que pesan en su contra.
Ahora la dependencia a cargo de Bazbaz ha encaminado sus investigaciones contra Marcelo Ebrard, exjefe de gobierno capitalino, a quien se le atribuyó la información de la Casa Blanca dada a conocer por la periodista Carmen Aristegui. En medio de la confrontación, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó congelar las cuentas bancarias de la Constructora Enalser, empresa arrendadora del inmueble que actualmente renta Ebrard en la Colonia Roma. El consorcio es investigado por lavado de dinero y la indagatoria incluye el aseguramiento de las cuentas de Mariagna Prats, exesposa de Marcelo. Constructora Enalser, es propiedad del empresario Sergio Fuentes Calderón quien también es socio de Enrique Ebrard Casaubon, hermano del exjefe de gobierno de la Ciudad de México.
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En 2014, el año que azotó al Estado de México por las ejecuciones vinculadas con el crimen organizado, también fue escandaloso en el registro de expedientes abiertos por homicidios culposos. El año pasado, el Estado de México junto con Guanajuato, Michoacán, Chiapas y Oaxaca sobrepasaron las mil averiguaciones por homicidio culposo, lo que significó el 36.37 por ciento del total nacional. Las cifras dadas a conocer esta semana ponen en contexto la incidencia criminal en la tierra del presidente Enrique Peña con todo y el operativo de seguridad.
En paralelo, el reporte presentado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) muestra que en el delito de extorsión, en Nuevo León se registró un aumento del 30 por ciento. En ese delito también puntea el Estado de México que acompañado de Jalisco y el Distrito Federal, en su conjunto tienen el 40.09 por ciento de las denuncias a nivel nacional. El diagnóstico criminal para la entidad mexiquense es desolador y no puede meramente justificarse por la densidad poblacional de su geografía.
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Al Partido del Trabajo le faltan 3 mil 115 votos para lograr el 3% de la votación válida del pasado 7 de junio, con lo que garantizaría su registro como partido político nacional. Simplemente no le va a alcanzar y la franquicia de izquierda, que se había convertido en un negocio para un puñado de políticos, desaparecerá inevitablemente de la escena pública. Ayer el Instituto Nacional Electoral prácticamente lo desahució, y poco falta para que le declare la muerte formal.
En el Estado de México, rebasó por una rayita el límite, y mantendrá el registro como partido estatal con dos legisladores locales. La alianza electoral que el PT signó con el PAN en la entidad le sirvió de muy poco. En esa ambición perdió el empuje que en otros comicios le posibilitaba ir coaligado con el PRD. Óscar González parece que perdió lo más por lo menos, pero poco le preocupa pues seguirá como el gran jefe político del PT mexiquense, como ocurre desde hace más de dos décadas.
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