Toluca, Edomex. 24 de febrero de 2016.- La trama alrededor de OHL México parece interminable. Es otro emblemático caso de corrupción que persigue a la clase gobernante del Estado de México. Es innegable que el consorcio español experimentó una situación financiera prolífica durante los sexenios de Arturo Montiel y Enrique Peña, que levantan la sospecha en torno a un conflicto de interés por favorecer sus negocios. Inusualmente ese mismo favoritismo se extendió hasta el Gobierno de la República, una vez que el peñismo comenzó a despachar desde Los Pinos.
Las acusaciones de sobreprecios a las obras de infraestructura desarrolladas por OHL son apenas el hilo de la madeja. La evidencia de que algo anda mal, es la escasa calidad de las obras públicas construidas; así como una espiral financiera que ha ido creciendo por encima de los precios inicialmente estimados. Con prontitud, las ganancias de las carreteras mexiquenses se han convertido en las principales fuentes de ingresos en el mercado mexicano, con todo y que argumenten que ha sido un mal negocio invertir en las autopistas en este suelo.
Un asunto que profundiza el conflicto de interés consiste en la imbricación de políticos que hoy se han convertido en los principales directivos de OHL México, y viceversa, directivos del consorcio español que han escalado en la pirámide del poder público. Andrés Oteyza y Emilio Lozoya son apenas las caras visibles pero no las únicas de una cercana e insana relación entre el dinero y el poder político. Las élites empresariales y políticas al servicio del erario público.
Ha pasado casi un año de que brotó una serie de audioescándalos que involucra a funcionarios mexiquenses en una relación cuestionable con directivos de OHL, cuyo único saldo fue el despido temporal de Apolinar Mena como secretario de comunicaciones, para luego ser premiado como secretario técnico del gabinete eruvielista. El gobierno de Eruviel ha sido omiso en su postura institucional, y poco ha expuesto sobre una investigación que apunta a una nueva simulación de encubrimiento de una probable corrupción de escalas mayores.
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En medio del recorte presupuestal anunciado en todos los ámbitos de gobierno y en los diferentes poderes públicos, resulta necesario generar austeridad en el gasto corriente de la clase gobernante. Este miércoles serán dados a conocer los tabuladores salariales recomendados para los 125 alcaldes mexiquenses, muchos de ellos acostumbrados a vivir del privilegio y la ostentosidad con costo al presupuesto público. La legislatura mexiquense debería avanzar de la recomendación a la obligación.
La mayoría de los alcaldes mexiquenses también saben jugar al engaño y la simulación, pues mientras la base salarial corresponde a las recomendaciones, es en la parte de bonos y gratificaciones, donde se cometen los excesos, los abusos y los despilfarros a favor de los mandos medios y superiores de la élite gobernante.
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