Toluca, Edomex. 21 de octubre de 2015.- El próximo 28 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará el análisis del decreto presidencial emitido hace casi dos años por el mandatario Enrique Peña Nieto, por el que se retiró el estatus de Parque Nacional al Nevado de Toluca. La medida legalizó así la explotación de los recursos naturales de esta reserva natural, lo que ha puesto en alerta a grupos ambientalistas ante el inminente riesgo de deforestación en la zona boscosa del Valle de Toluca.
En la información preliminar, se pudo conocer que a través de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, se analizará si esta medida restringe los derechos humanos y ambientales de la ciudadanía, además de determinar si el gobierno federal faltó a su obligación de “garantizar y proteger la vida de las personas” al legalizar actividades productivas como la tala, la agricultura y la ganadería en esta reserva natural. La controversia busca evidentemente revertir el decreto presidencial.
El juicio de amparo contra el decreto presidencial fue promovido desde octubre del año pasado por la ciudadana Luz Emilia Aguilar Zinser. La Suprema Corte decidió ejercer la facultad de atracción en este juicio. En su argumentación, Aguilar Zinser sostiene que el decreto peñista es un estímulo para acelerar la deforestación del Nevado de Toluca, el cual adolece de la invasión de agricultores, talamontes, ganaderos, cazadores, mineros, así como por asentamientos irregulares que ahora han sido “legalizados” a partir de la publicación de dicho documento.
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En la víspera, Estados Unidos anunció la suspensión del financiamiento del Plan Iniciativa Mérida programa debido al incumplimiento de México en materia de Derechos Humanos. A través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Eruviel Ávila en su calidad de presidente de este organismo, anunció que solicitará al gobierno de los Estados Unidos una reconsideración sobre la retención de 5 millones de dólares como parte de Iniciativa Mérida, ya que dijo son recursos de mucha ayuda para la estrategia anticrimen que emprenden las autoridades mexicanas.
Asumido en la agenda nacional y en defensa permanente del presidente Peña Nieto, Eruviel sigue aprovechando su posición política como gobernador del estado más poblado del país, pero además en su condición de presidente de la Conago. Los alcances de Ávila para solicitar dichos recursos serán infructuosos ante el gobierno norteamericano. Está claro que su real pretensión es simplemente lanzarse sobre temas de interés nacional que proyecten su imagen y permitan su promoción personal.
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En las próximas horas, Gerardo Monroy asumirá el cargo de subsecretario de Movilidad, dentro de la secretaría que encabeza Isidro Pastor. El exdirigente estatal del PRI permanecerá en su puesto, a pesar de los reprobables resultados que ha entregado como encargado del transporte público en la entidad. Monroy -recomendado por Manzur- sólo se integrará al grupo compacto de Pastor, como parte de un grupo político emanado desde el PRI mexiquense, cuando Isidro comandaba la riendas partidistas, e impulsó el ascenso y empoderamiento del actual secretario General de Gobierno.
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