Toluca, Edomex. 17 de julio de 2017.- A propósito de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, pocos deberían tener esperanza en que este nuevo esquema institucional combatirá las prácticas de cohecho que involucran a la clase gobernante en el ejercicio del dinero público. Sobran los ejemplos, en los que el propio gobierno ha creado instituciones con el objetivo de legitimar permanentemente sus acciones y decisiones, para que todo siga igual. El diseño institucional de los últimos 30 años ha engrosado el aparato burocrático pero ha contribuido en muy poco a eliminar el abuso de autoridad y la impunidad.
Ahí está por ejemplo, la creación de la Comisión de Derechos Humanos en la década de los noventa. Han pasado hombres con buenas intenciones, pero con resultados desalentadores. La más deshonrosa de sus investigaciones fue el caso Atenco, que pese a evidenciar abusos policíacos y una violación sistemática a los derechos humanos, no hubo siquiera una recomendación para cuidar, en su momento, la aspiración electoral del entonces gobernador, Enrique Peña Nieto. La Codhem ha logrado una connivencia con el poder público que en poco contribuye a la protección de las garantías individuales del abuso del poder.
Otro caso lo representa el Instituto Electoral encargado de organizar los comicios de las autoridades locales. Hoy sumido en una profunda crisis de credibilidad ante una desigual competencia electoral que dio como vencedor al priísta Alfredo del Mazo. Si bien, en gran medida las leyes electorales limitan la acción del órgano electoral, lo que prolifera es una conducta permisiva y omisa, derivado de su cercanía con el poder público. Junto con el Tribunal Electoral del Estado de México, su tarea es innegablemente influenciada por los hombres del poder que inciden para designarlos en sus encargos.
Uno más es el Instituto de Información Pública del Estado de México. Un “elefante blanco” encargado de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública de las instituciones gubernamentales. Bajo diversas estratagemas, la clase gobernante ha encontrado los escollos suficientes para mantener una acción opaca en el ejercicio del poder. A los consejeros de la transparencia pocos los conocen, y mucho menos saben a qué se dedican. Paradójicamente es el instituto autónomo de mayor oscurantismo entre quienes ejercen dinero público en el Estado de México.
La creación de la Fiscalía General de Justicia sólo representó un cambio de membrete con los mismos hombres y mujeres que tienen anquilosado a la procuración de justicia desde hace décadas en el Estado de México, acusada de las peores prácticas de tortura, dilación, corrupción, negligencia y omisión. Más allá de los cambios de nombre y de maquillaje en sus instalaciones, nada se sabe sobre un ajuste en su atención a la gente o sus resultados públicos.
El futuro del Sistema Estatal Anticorrupción es desalentador. Los actores políticos han tomado el control para que su actuación dependa de ellos mismos, y que las cosas se mantengan igual. El poder público ha encontrado en los procesos de institucionalización, los mecanismos para legitimar su ejercicio de poder, engrosar el aparato burocrático del estado, y ampliar los favores del presupuesto público a sus aliados y operadores políticos.
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