Toluca, Edomex. 15 de noviembre de 2018.- Nada nuevo bajo el sol. López Obrador presentó ayer su Plan de Seguridad Nacional con la promesa de crear una Guardia Nacional, con el propósito de que el mando militar sea quien coordine las acciones en las más de 200 regiones en que ha dividido el país. A pesar de que durante doce años criticó el uso de las fuerzas castrenses en labores de combate al crimen organizado, el equipo de asesores de Andrés Manuel terminó por replicar la estrategia que implementó Felipe Calderón, secundó Enrique Peña Nieto, y que tan magros resultados se han obtenido. Las «benditas redes sociales» le han echado en cara otra «promesa incumplida».
El presidente electo, reiteró lo que vino a decir a Toluca tras su encuentro con Alfredo Del Mazo, sobre el reclutamiento de jóvenes que se integren a la Guardia Nacional. Gran parte de su estrategia de seguridad transita por fortalecer sus cuerpos de seguridad: Ejército, Marina y Policía Federal. La parte más progresista de su discurso establece la legalización de la marihuana como una condición para romper el círculo de violencia. Y entonces, aquella frase de campaña que pregonaba, ¡Abrazos!, no balazos; parece encontrar un nuevo significado: Abrazos no, ¡balazos!
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Es inaceptable el nivel de voracidad con el que actúa la clase gobernante por todos los frentes. La evidencia documental que refleja al exgobernador, César Camacho para beneficiarse de información privilegiada y de su tráfico de influencias, para obtener más de 2 millones de pesos de recursos públicos, y destinarlos al financiamiento de una empresa personal dedicada a la producción de vinos, es no sólo un despropósito institucional, sino una violación a la ley, en el que por vergüenza debería renunciar al cargo que recientemente protestó. Es sabido y legítimo, la proliferación empresarial de César Camacho, a través de consultorías y constructoras, pero no puede ser un acto válido, ni una acción normalizada, usar su poder para favorecer a sus empresas. No entienden que no entienden.
Camacho Quiroz, es de los exgobernadores, uno de los más activos en la política mexiquense. Bajo su manto se pueden identificar a los principales operadores políticos del actual sexenio: Eric Sevilla en la Secretaría de Desarrollo Social; Alejandra del Moral en el PRI estatal y Martha Hilda González en la Secretaría del Trabajo, son muestra de su grupo político. Lo cierto es que, el conflicto de interés de usar el poder público para obtener beneficios particulares tiene como corolario un hartazgo social, y le ha pagado al exdirigente nacional del PRI con su más reciente derrota en las urnas, pero en los hechos, por lo ilegal, parece insuficiente.
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Los Ayuntamientos han comenzado a formalizar los procesos de transición de sus respectivos gobiernos. En los 125 municipios, de manera obligada, se han realizado ya reuniones informales en su mayoría entre los gobiernos salientes con los gobiernos entrantes. Ahí aparecerán muchas sorpresas, de priístas, panistas y perredistas que se integrarán a los gobiernos morenistas. En escasas dos semanas, los alcaldes salientes -en su mayoría priístas-, deberán rendir su último informe de gobierno; mientras que en un plazo de veinte días, de manera simbólica, los presidentes municipales electos -abrumadoramente morenistas- rendirán protesta de su encargo.
Ahí vendrá una nueva realidad política para el delmacismo, que impactará en su gobernabilidad a partir del primero de enero. Convivirá como nunca antes, con una mayoría de alcaldes de un color distinto a su partido. Es un reto profundo para repensar en la reconfiguración democrática del país, y eventualmente, pero no como una prioridad, en la reconstrucción de su partido.
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