Toluca, Edomex; 14 de agosto de 2019.- Santiago Nieto Castillo se convirtió en fiscal electoral por cobijo de Enrique Peña Nieto. Conoció al atlacomulquense durante su gubernatura, mientras Santiago era magistrado electoral de la sala regional de Toluca. Desde la Fepade, abrió investigaciones fallidas en contra de Arturo Escobar -operador político del Partido Verde- y de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. El último expediente causó su despido de la estructura de la PGR. En cuestión de meses, Santiago Nieto encontró acomodo en el equipo de López Obrador, donde hoy ya cobra facturas.
Desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto ha diseñado y encauzado las indagatorias hacia Emilio Loyoza, Juan Collado y últimamente, Rosario Robles. El primero en calidad de prófugo de la justicia. Los últimos dos, hoy encarcelados y sujetos a proceso penal. Se trata de indagatorias financieras que han concluido en imputaciones penales. El gran desafío de Santiago Nieto será articular expedientes sólidos, o bien, corre el riesgo de que los acusados puedan obtener su libertad al término del proceso; y eso definitivamente, no sería un buen mensaje contra la corrupción y la impunidad.
Robles pasó su primera noche en el penal de Santa Martha Acatitla, tras una audiencia que se prolongó por más de doce horas. Pero la noche más larga fue para un puñado de mexiquenses que de una u otra forma podrían estar involucrados en la denominada Estafa Maestra, ya sea por acción, omisión o negligencia. La Fiscalía General de la República y el juzgado penal ya han anticipado que esta indagatoria es apenas un expediente: aún faltan más convenios, otras investigaciones y acusaciones que se podrían acumular.
La bancada de Morena en la Legislatura del Estado de México ya le tiene una encomienda al próximo titular del Órgano Superior de la Federación: esclarecer los expedientes de la Estafa Maestra vinculados con instituciones de la entidad. La caja de pandora que se ha abierto con el proceso penal contra Rosario Robles, combinada con la coyuntura del cambio de auditor superior, parece convenir a la agenda pública de Morena en su discurso contra la corrupción. Los ecos del caso Robles podría encontrar resonancia en la entidad.
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Faltan menos de seis meses para la renovación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Desde la legislatura estatal se valora la posibilidad de que la elección del nuevo titular del Poder Judicial sea un ejercicio más democrático, que la decisión hoy acotada a la élite del Consejo de la Judicatura. Se trata de abrir la sucesión a una participación de jueces y magistrados, lo cual debilitaría a la aspiración de Sergio Medina Peñaloza para dejar a uno de los suyos en el despacho principal.
No hay que perder de vista la participación de exmagistrados como Luis Miranda Cardoso y de José Castillo Ambriz, quienes podrían incidir en sus afectos e intereses para impulsar a su círculo cercano al frente del Tribunal Superior de Justicia.
Lo prioritario, por encima de los intereses internos y externos, es transparentar al poder con mayor opacidad en sus decisiones y acciones; y evitar los conflictos de interés como algunos que hoy inundan a Sergio Medina y su equipo de trabajo.
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