Toluca, Edomex. 5 de abril de 2016.- OHL México y Grupo Higa han inundado las primeras planas de las últimas semanas en el mundillo empresarial, con un común denominador, su irregular actuación frente al mercado mexicano, ya sea por sus reportes financieros o por sus anomalías fiscales; y en que ambas han saltado al desprestigio público como parte de su cercanía con la clase gobernante, particularmente del Grupo Atlacomulco, asentado en el Estado de México.
Tanto OHL México como Grupo Higa son acusados de traficar influencias y beneficiarse de su relación con el poder político, para haberse convertido en los constructores consentidos de la obra pública de Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila. El factor que juega en su contra es la rampante corrupción que envuelve la fama del ejercicio del gasto público. Hoy envueltos en el escándalo periodístico, gozan de impunidad y de un inédito ascenso empresarial.
El gran negocio de la obra pública en el país y en el estado, se concentra en obras carreteras licitadas, con una discrecional tarifa de peaje que ha logrado amasar enormes fortunas para la clase empresarial. El Estado ha reducido su función como desarrollador de infraestructura. Al seguir los pasos del voraz neoliberalismo, el sector público se ha reducido y cada vez deja mayor responsabilidad del espacio público en manos privadas. Es ahí donde están las grandes ganancias de OHL México y Grupo Higa.
Manuel Ortiz y Gerardo Ruiz Esparza, representan un par de políticos, responsables a profundidad de la licitación del desarrollo de carreteras en la entidad mexiquense. El primero, quien ya goza del retiro, operó y controló en gran medida el sistema carretero con el exmandatario Arturo Montiel y el actual gobernador, Eruviel Ávila. El segundo, un operador político identificado con el exgobernador Alfredo del Mazo, se volvió en el alfil de la infraestructura de Peña Nieto en su paso como gobernador, y en su ejercicio como presidente de México.
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Hay muchas dudas sobre la aplicación del Mando Único en el Estado de México. Se trata de una pérdida de autonomía por parte de los municipios que entreguen el control de los cuerpos de seguridad. También cederán al Estado de México el margen de maniobra sobre los recursos presupuestales para el equipamiento policíaco. Los gobiernos priístas simplemente se han doblegado pese a sus dudas, resistencias y rechazos amplios a la nueva medida.
La concentración de poder a favor del Ejecutivo estatal no es una buena señal para quien se pretende erigir como un gobernador municipalista. La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana tendrá un estado de fuerza cercano a los 30 mil policías preventivas, en donde de forma ventajosa, la única responsabilidad que no exime a los ayuntamientos, es el pago de la abultada nómina que representan los policías municipales para los gobiernos locales, no precisamente por sus elevados sueldos sino por el abundante número de efectivos.
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