Toluca, Edomex. 3 de julio de 2015.- Atenco y Tlatlaya, ambos representan un denominador común que ha marcado los dos últimos sexenios, tanto de Enrique Peña como de Eruviel Ávila. Ambos han sido eventos en los que se ha evidenciado la participación de fuerzas policiales estatales, en los que se ha evidenciado una sistemática violación a los derechos humanos, con una justicia simulada y protección a los agentes policíacos. En medio de abusos de autoridad, lo que prevaleces es una impunidad que se vuelve el manto protector y cómplice del Estado. La justicia plena ni llega ni existe.
Hace más de nueve años, policías federales y estatales irrumpieron en San Salvador Atenco mediante detenciones arbitrarias, un uso excesivo de la fuerza y hasta violaciones sexuales en agravio de mujeres. Los castigos a los policías involucrados nunca llegaros. Desde el gobierno, se simularon investigaciones contra una decena de agentes policíacos, sólo uno fue juzgado por actos libidinosos, pero al no ser considerado un delito grave enfrentó el proceso en libertad. La fuerza del Estado se hizo sentir hacia quienes encabezaron la protesta social, encarcelados en penales de máxima seguridad y con sentencias demoledoras, que por fortuna se pudieron revertir.
El caso Tlatlaya, insignia ya del gobierno eruvielista, marca una participación insultante de las fuerzas militares. Las autoridades estatales no escaparon de los abusos. Agentes ministeriales torturaron a víctimas sobrevivientes del operativo para obtener información. La sospecha los alcanza, para tenerlos como posibles involucrados de alterar la escena del crimen, sin que hasta ahora haya elementos para culparlos, pero tampoco para exonerarlos. De nuevo se actuó con simulación. Cuatro policías ministeriales se encarcelaron por el delito de tortura, pero en menos de 24 horas obtuvieron su libertad, y en esa condición enfrentarán su proceso penal. La mano dura otra vez fue en manos ajenas a las del gobierno.
Atenco y Tlatlaya tan lejos en lo geográfico tan cerca en una realidad lacerante caracterizada por la indolencia de un gobierno que no entiende que no entiende. El proteccionismo entre autoridades para seguir actuando al margen de la ley. La división de poderes puesta en duda para hacer de la política un manejo discrecional de la fuerza y la autoridad. Los policías están libres sin menoscabo de sus abusos, de sus consecuencias y sin castigo. Bajo la idea de que el dinero todo lo puede comprar, el gobierno sostiene la idea de que puede comprar el resarcimiento del daño a cambio de mantener a sus policías en libertad. Y las víctimas a aguantar los abusos y los excesos.
El Poder Ejecutivo que malentiende el monopolio de la fuerza pública. Faltan los protocolos y el respeto a los derechos humanos. Se carece del respeto a las instituciones y de la actuación apegada a la legalidad. El uso de la fuerza se confunde con abusar de su autoridad bajo la injusticia y la impunidad. La sociedad que se siente más insegura frente a sus policías. Los excesos como parte de un sistema y régimen acostumbrado a amedrentar y atropellar. Y la complicidad y las omisiones que brotan por todos lados, y ponen en duda su sistema institucional. Ni los Derechos Humanos ni los Tribunales son capaces de revertir esa realidad. La desesperanza y lo desesperante unen su camino entre la impunidad, la corrupción y la injusticia.
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