Toluca, Edomex. 28 de enero de 2015.- Elecciones van y elecciones vienen pero la historia es la misma. Gobiernos que recurren al asistencialismo como una medida de coerción electoral. La entrega de dádivas ha proliferado cuando faltan poco más de cuatro meses para los comicios intermedios del 7 de junio. En contraparte, la oposición acusa siempre un terreno desigual en la competencia. Los ajustes a la ley sirven escasamente para corregir estas prácticas, porque todos los participantes las usan a su favor cuando se vuelven gobiernos.
Ayer, tan sólo en el Estado de México, el gobernador Eruviel Ávila inició la entrega de más de tres millones de tarjetas denominadas “La Efectiva” para la compra de útiles escolares. Faltan siete meses para el inicio del próximo ciclo escolar, pero sospechosamente se ha acelerado la entrega de dinero electrónico para alumnos de escuelas pública, donde el priísmo pretende incidir a través de su voto cautivo. No es casual el slogan del PRI de Carlos Iriarte, que presume estar de “tu lado”, en medio de la agresiva promoción de los programas sociales.
En muchos municipios mexiquenses, el panismo ha comenzado una pinta de bardas para rechazar la entrega de televisores digitales que desarrolla en gobierno federal, pues ven en esa misma práctica una coacción a los votantes, particularmente aquellos que son beneficiarios de los programas sociales del peñismo. Sin embargo, el partido en el gobierno no tiene contemplado frenar la entrega de televisores en la víspera electoral. El panismo se quedará en la denuncia mediática, y nada pasará.
Por su parte, la autoridad electoral -federal y estatal- permanece omisa. Su actuación siempre oscila entre la negligencia y la complacencia. A pesar de que se prometió retomar su autonomía, hasta ahora el Instituto Electoral del Estado de México se mantiene al margen de acciones que pudieran rebasar la ley. Pero el PRI no es el único que peca de violar la ley. El PAN y el PRD, en menor medida, operan en lo que pueden y cómo pueden, para sacar ventaja electoral y expandir su hegemonía política.
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Mientras la Procuraduría General de la República pretende dar carpetazo a la investigación por la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en septiembre pasada, aún permanece una pesadumbre y demasiadas sombras en lo que hace a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército Mexicano en agravio de 22 presuntos criminales en Tlatlaya. Hasta ahora, la autoridad militar y el gobierno mexiquense no han respondido con contundencia, y ni siquiera atendido en su totalidad la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El caso está inacabado para los gobiernos federal y mexiquense.
En paralelo, a una semana de haber asumido su encargo, el flamante ombudsman mexiquense, Baruch Delgado Carbajal no ha realizado pronunciamientos al respecto. Se reconoce que la violación grave a los derechos humanos evidencia una profunda ignominia por parte de la comisión estatal, pero tampoco se tienen visos de corregir sus carencias. La simulación parece una constante en el organismo, mientras las autoridades mexiquenses privilegian la impunidad.
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