Toluca, Edomex. 9 de diciembre de 2014.- Las cifras de criminalidad no son alentadoras ni para Enrique Peña Nieto ni para Eruviel Ávila Villegas. El más reciente conteo del Semanario ZETA, que abarca del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre pasado, en el país se registraron 41 mil 015 homicidios dolosos. En esa estadística, el Estado de México es el más violento e inseguro con 5 mil 450, concentrando ya el 13 por ciento del total de asesinatos.
La región más violenta la integran el Estado de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán donde han ocurrido en los primeros 23 meses de gobierno de Enrique Peña, una sumatoria de 14 mil 429 homicidios intencionales, es decir en esas cuatro entidades sucede el 35 por ciento. En total, durante el gobierno del panista Felipe Calderón y del priísta Enrique Peña Nieto han sucedido en el país por lo menos 125 mil 879 ejecuciones. La cifra es además de alarmante, altamente desgarradora.
Los logros que mensualmente pretenden presumir las autoridades de seguridad, encabezadas por Damián Canales Mena se topan con pared, frente a las estadísticas de criminalidad. La brecha conformada con Michoacán y Guerrero, exhiben que la solución del problema no será inmediata. Osorio Chong lo advirtió desde abril, las fuerzas federales en el Estado de México estarán aquí hasta el final del sexenio peñista, y su elevada cifra de ejecuciones lo ratifican.
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Cinco vecinos de San Salvador Atenco fueron citados a testificar ante tribunales del Estado de México, para en su caso identificar a los policías y médicos legistas, recluidos y acusados de tortura y encubrimiento que participaron en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006. Para la defensa jurídica del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, se trata de una “trampa jurídica” que busca terminar de cubrir con el manto de la impunidad a los verdaderos responsables intelectuales de la represión de 2006 en Atenco.
Los pobladores que deberán comparecer en las próximas semanas, enfrentan una amplia disyuntiva, pues si declaran que reconocen a los policías, “cuando ya hemos declarado que el día de los hechos nos taparon la cabeza con nuestra propia ropa para que no los viéramos, nos van a acusar de falsa declaración”. En contraparte, si se declara que no los reconocen, entonces el juez podría determinar que los policías acusados no son penalmente responsables de esos delitos.
Revivir el caso Atenco, en medio de la mayor crisis política que enfrenta la gestión de Peña Nieto, parece ser hasta un “fuego amigo”, para alentar a grupos opositores que se sumen a Ayotzinapa, Tlatlaya y demás. El Estado de México es origen y destino. De aquí Peña surgió como un candidato presidenciable, pero también aquí se esconden los esqueletos en el clóset para avivar la inconformidad y la baja popularidad.
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