Redacción
Distrito Federal. 9 de diciembre de 2014.- A pesar de que la Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solicitó abrir la investigación iniciada por la Procuraduría General de la República por la masacre de 22 presuntos criminales por parte del Ejército Mexicano, en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, la cual fue reservada por los próximos doce años, sin posibilidad de conocer públicamente los datos oficiales y las conclusiones que en su momento alcance la indagatoria.
A través de un comunicado de medios, la CMDPDH informó que por medio de una solicitud de acceso a información pública se pudo conocer que la indagatoria incluye 11 dictámenes, sin embargo, la Procuraduría General de la República determinó no otorgar la versión pública de los mismos debido a que es información reservada, la cual permanecerá en tal carácter hasta por un periodo de doce años
Mediante oficio número SJAI/DGAJ/11187/2014, la PGR argumentó que al tratarse de una investigación no es posible hacer del conocimiento su contenido, ni revelarla a un particular, bajo ninguna circunstancia.
En recurso de revisión, la CMDPDH solicitó se haga pública la investigación por el caso Tlatlaya por tratarse de una violación grave de derechos humanos o incluso pudiera configurar como un crimen de lesa humanidad.
No obstante, la dependencia federal encabezada por el exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, señaló en su respuesta que la averiguación previa iniciada sobre los hechos fue por la probable comisión del delito de homicidio y que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014, la misma no es con motivo de violaciones graves a derechos humanos.
Incluso, agrega la PGR, la recomendación emitida por la CNDH no está publicada en el portal de internet del organismo en su sección de “Recomendaciones por violaciones graves” sino simplemente en la sección de “Recomendaciones”.
La Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) advirtió que se debe aplicar la jurisprudencia recurrente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del orden jurídico mexicano, la cual ha establecido que las violaciones graves de derechos humanos son, entre otras, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias -que aplicaría para el caso de Tlatlaya- y las desapariciones forzadas.
Además dicho tribunal ha señalado que “resulta esencial que, para garantizar el derecho a la información, los poderes públicos actúen de buena fe y realicen diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial”.
En el mismo comunicado, la CMDPDH exigió a la PGR que considere los hechos de Tlatlaya como violaciones graves a derechos humanos y en consecuencia proporcione la versión pública de los once dictámenes e incluso haga pública la investigación de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.
