Redacción
Toluca, Edomex. 3 de julio de 2015.- Los cuatro policías ministeriales del Estado de México acusados del delito de tortura en agravio de mujeres sobrevivientes a la matanza de Tlatlaya, fueron vinculados a proceso penal por parte de un juez de control en Toluca, sin embargo, podrán enfrentar el juicio en libertad bajo fianza por considerarse un delito no grave.
Este viernes, el juez de control de Toluca consideró existen elementos de prueba suficientes para presumir que los agentes ministeriales incurrieron en actos constitutivos de delito en contra de tres mujeres que fueron testigos presenciales de los hechos en Tlatlaya, y quienes habrían sido víctimas de tortura con la intención de obtener información por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad.
El proceso penal contra los agentes ministeriales será bajo el nuevo sistema de justicia penal que opera en la entidad basado en la oralidad, y en menos de un año el juicio deberá concluir, para posteriormente dictar sentencia.
El miércoles pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de cuatro policías ministeriales, quienes fueron recluidos en el penal estatal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura, vinculado con el caso Tlatlaya.
Sin embargo, ayer jueves los agentes policíacos fueron puestos en libertad, tras el pago de una fianza de 60 mil pesos que tuvo que cubrir cada uno de ellos, en tanto que el delito del que se les acusa no es considerado como grave.
Conforme a la Ley Para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México, los hechos que se le imputan a los policías podrían alcanzar una sentencia condenatoria de entre tres y doce años de prisión.
El proceso penal fue abierto hasta el próximo 8 de diciembre, tiempo en que se deberán aportar pruebas para imputar o desvirtuar la acusación por parte del Ministerio Público y la defensa jurídica de los acusados, cuya fecha quedó marcada para decretar el fin de la investigación e iniciar formalmente el juicio oral.
En el mismo juzgado se negaron tres órdenes de aprehensión más en contra de igual número de policías ministeriales, por considerar que las pruebas aportadas por la dependencia no eran suficientes para presumir su responsabilidad.
En tanto, siguen pendiente de resolver otra resolución que involucra a otra policía ministerial acusada de abuso de autoridad, cuya situación jurídica se determinará en las próximas horas mediante la vinculación a proceso o su declaración de inocencia.
