Israel Dávila
Toluca, Edomex, 24 de febrero del 2020.- El Tren Interurbano México-Toluca (TIMT) se ha convertido en una obra interminable. Sus múltiples problemas financieros, técnicos y sociales derivaron de una carente planeación estratégica, según ha concluido la Auditoria Superior de la Federación (ASF) quien ha advertido que entre más se tarde en concluir la obra, más grandes serán los perjuicios para la hacienda pública federal por las pérdidas que comienza a tener el proyecto.
La ASF, en su más reciente informe de la Cuenta Pública del 2018, donde hizo una serie de auditorías a este proyecto de infraestructura emblema de la administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto, determinó que si el tren no entra en operación en 2022, se registraría una pérdida superior a los 18 mil millones de pesos y si se posterga a 2024, la pérdida aumentaría a más de 37 mil millones de pesos.
Contrario a lo que se resolvió sobre el proyecto aeroportuario de Texcoco, de cancelar las obras de tajo, en el proyecto del TIMT, el presidente, Andrés Manuel López Obrador ha externado que lo terminará pues “ya se ha invertido mucho dinero”.
El proyecto estaba contemplado con un costo de 39 mil millones de pesos, pero a la fecha ya se han invertido más de 60 mil y todavía restan unos 30 mil más, según lo ha expresado el propio titular del Ejecutivo.
Hace diez días, el director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, Manuel Gómez de la Parra, informó que la obra civil del Tren México-Toluca lleva un avance del 86 por ciento y estimó que la primera y segunda etapa se terminará este mismo año.
La construcción del Tren México-Toluca inició en 2014 y se preveía un periodo de construcción de 4 años. La idea era que estuviera lista para que el entonces presidente Enrique Peña Nieto la inaugurará antes de dejar su mandato en diciembre del 2018.
Pero la falta de planeación, como lo advierte la ASF, provocó no solo sobrecostos de la obra sino problemas técnicos y sociales que fueron retrasando el proyecto, además de que este careció de una verdadera supervisión tanto de las autoridades como de las empresas contratadas exprofeso.
En las auditorias que practicó la ASF a este proyecto se señala que los más de mil 400 millones de pesos que el gobierno federal –durante el sexenio de Peña Nieto—pagó a las empresas para supervisar la obra “no fueron aplicados con eficiencia” pues las encargadas de verificar los avances de los trabajos solo checaron los avances monetarios, pero nunca verificaron los avances físicos de la obra.
“La deficiente gestión gubernamental de la SCT –que encabezaba Gerardo Ruiz Esparza—en la planeación y supervisión del proyecto contribuyeron a que se presentaran problemas técnicos, legales, sociales y ambientales en todos los tramos de la obra que afectaron el desarrollo de los trabajos de construcción, al grado que al 2018 ninguno de los tramos ha sido concluido”, señaló la ASF en el informe que hizo público respecto a la auditoria 364 al desempeño practicada a este proyecto de infraestructura.
La ASF recalcó que tan no hubo una planeación estratégica del proyecto, que para 2018, la SCT, no contaba siquiera con la posesión de todos los terrenos para concluir el proyecto.
La auditoría 371 practicada por la ASF reflejó que a 2018 se habían iniciado más de 97 juicios de amparo contra la construcción del TIMT, de esos, 44 permanecían sin solventar y 7 provocaron la suspensión temporal de los trabajos. Una de las más largas suspensiones se dio en el tramo que se construye en Ocoyoacac, desde la comunidad de Coapanoaya hasta La Marquesa donde la obra estuvo parada más de dos años y apenas hace unas semanas se reiniciaron los trabajos.
La ASF concluyó en esta auditoría que el presupuesto para los derechos de vía tuvieron un incremento de más de 933 por ciento, pues pasaron de 4 mil 631 millones de pesos programados para liberar los derechos de vía a 47 mil 963 millones.
En la auditoria 372, la ASF indica que en la construcción del TIMT se han contabilizado más de mil afectaciones a propiedades comunales, ejidales, federales, estatales y privadas y que los efectos de esas afectaciones nunca fueron previstos por la autoridad, ni mucho menos se previeron las medidas de mitigación.
La ASF resolvió que los más de 4 mil 349 millones de pesos que se han pagado para mitigar estas afectaciones sociales no se han acreditado adecuadamente, por lo que ya existen pliegos de responsabilidad administrativa.
En la auditoria 364 que practicó la ASF al proyecto del Tren también se encontraron pagos indebidos por más de 105 millones de pesos en la construcción de la primera y segunda etapa del tren, es decir, del tramo Zinacantepec a la Marquesa y en el bitunel 4 kilómetros de la Marquesa a Cuajimalpa. Pero también se comprobaron pagos indebidos en la adquisición e instalación de trenes y material rodante, donde también hay pliegos de responsabilidad administrativa en contra de exfuncionarios de la SCT.
A la fecha, ninguna de las terminales y estaciones del Tren se ha concluido al cien por ciento. El Viaducto Elevado que corre de Zinacantepec a Ocoyoacac está incompleto, pues faltan concluir en el tramo de Ocoyocac, donde ha habido mayor oposición social; tampoco está terminado por completo el bitunel de 4 kilómetros y la parte de mayor retraso es la que se encuentra en la Ciudad de México pues ahí los avances no van ni al 50 por ciento, ya que faltan construir grandes tramos del Viaducto, la estación de Santa Fe y la terminal en Observatorio.
