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Redacción

Distrito Federal. 14 de mayo de 2015.– Para evitar sospechas sobre eventuales actos de corrupción en los procesos de licitación que realiza el Gobierno de la República para la realización de obra pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que todas las reuniones de los comités de obras y de adquisiciones deberán ser videograbadas, con el propósito de contar siempre con un testimonio público de las mismas.

El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza explicó que se trata de un Protocolo de Transparencia, el cual posibilitará lograr una mayor confianza en las instituciones y empresas responsables del desarrollo de la infraestructura de comunicaciones y transportes.

La semana de que fueron exhibidos audios de presuntas llamadas telefónicas entre directivos de OHL que revelan una falsear datos técnicos para elevar las tarifas de peaje, así como presuntos acuerdos para fijar sobreprecios a las etapas de construcción del llamado Viaducto Elevado Bicentenario, que corresponde al Segundo Piso del Periférico en su tramo del Estado de México.

Eruviel Ávila y Ruiz Esparza. El escándalo OHL. Foto Agencia MVT.
Eruviel Ávila y Ruiz Esparza. El escándalo OHL. Foto Agencia MVT.

No obstante, la misma constructora española resultó adjudicataria de varios proyectos del Gobierno de la República como la autopista Atizapán-Atlacomulco o la de Amozoc-Puebla.

No sólo eso, en el momento en que se licitó el Viaducto Elevado Bicentenario hoy como tema de principal sospecha de corrupción en la infraestructura carretera del Estado de México, el responsable de concesionar la misma fue Gerardo Ruiz Esparza, como secretario de Comunicaciones de la entidad, mientras el gobernador era Enrique Peña Nieto.

Para Ruiz Esparza, el nuevo Protocolo de Transparencia en la adjudicación de obras públicas, será instrumentado en todas las entidades de la federación, en lo que calificó como “un ejercicio más legal y transparente de los recursos públicos y de la función pública”.

Respecto de una posible auditoria a la empresa OHL, Ruiz Esparza, señaló que se trata de “una empresa internacional que ha cumplido invariablemente en tiempo y forma con todos los contratos que se le han asignado por licitación pública”.

Respaldó la declaración pública hecha por el gobernador Eruviel Ávila, de que si existiese alguna duda en una o más concesiones, se lleve a cabo una auditoría, la cual reflejaría si hubo o no un problema, cuestión indebida e incluso un engaño. Y que esa auditoría permita ver exactamente si las cosas están adecuadas y en regla, apegadas a la legalidad o si, en el caso, hubiera algún problema, deberá ventilarse por la vía legal.

Viaducto Elevado. Presunta corrupción. Foto Agencia MVT.
Viaducto Elevado. Presunta corrupción. Foto Agencia MVT.

En el mismo Protocolo de Transparencia, se establece que tanto la SCT como las empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) suscribirán una declaración de integridad como parte de los procedimientos de licitación.

A través de ella, ambas partes manifestarán bajo protesta de decir verdad que su actuar estará apegado al marco de la legalidad, a la normatividad correspondiente y a una plena transparencia.

Durante el procedimiento de licitación no deberá haber contacto personal entre los contratistas y la autoridad correspondiente de la Secretaría, con excepción de aquel o aquellos derivados de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de los que se den durante las visitas en los sitios en los que se desarrollarán las obras.

En tanto, como ya viene ocurriendo en la presente administración, la información de los procedimientos de licitación pública deberán estar disponibles para consulta en la página web de la SCT (www.sct.gob.mx), mediante la cual podrá consultarse también cada una de las etapas de los procedimientos y la información a la que se hace referencia en este protocolo.

En poco más de dos años, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha llevado a cabo siete mil 477 licitaciones, lo que ha implicado la suscripción de contratos con casi cuatro mil empresas. De estos contratos, 73 por ciento corresponden a empresas locales.

“Es de hacer notar también, que en lo que va de la presente administración, no se ha presentado ninguna inconformidad legal en contra de procedimientos de licitación relevantes”, subrayó Ruiz Esparza.

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