Redacción
Toluca, Edomex, 7 de febrero de 2018.- Por primera vez en la historia del estado de México cinco elementos de seguridad fueron detenidos y puestos a disposición de un juez por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada, tipificado apenas en octubre pasado en una ley general aprobada por el Congreso de la Unión.
Los cinco policías formaban parte del cuerpo de seguridad de Valle de Bravo, quienes en noviembre pasado habrían detenido a un joven en una comunidad de ese municipio del sur mexiquense para luego ser entregado a un grupo de la delincuencia organizada.
Fueron agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado de México quienes lograron la aprehensión de los cinco uniformados, a quienes de inmediato recluyeron en el penal estatal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, donde enfrentarán un proceso penal por el delito de desaparición forzada.
De acuerdo a la Ley General en materia de Desaparición Forzada, aprobada por el Congreso federal en octubre pasado, quien cometa este ilícito se le castigará con penas que van de 40 a 60 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días multa. En caso de que lo cometan servidores públicos o elementos de seguridad, se les podrá aplicar la pena máxima.
Además de los cinco elementos de la policía municipal de Valle de Bravo, la Fiscalía también aseguró a un civil, a quien se investiga por su probable participación en los hechos.
De acuerdo con el Fiscal Anticorrupción de la entidad, José de la Luz Viñas Correa, la investigación comenzó a finales del año pasado, derivado de hechos ocurridos el 16 de noviembre del 2017, cuando los policías detenidos habrían asegurado a un joven de 21 años de edad, en un negocio en Barrio de Otumba, en Valle de Bravo, a quien al parecer entregaron a miembros de una grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán.
“El delito que se les imputa es desaparición forzada y, es importante resaltarlo porque es de los primeros, en el Estado de México seguro es el primero que se les vincula por este delito previsto en la Ley General correspondiente. A nivel nacional es muy probable que estemos entre los primeros Estados que se vincula un caso como éste.
Luego de varias semanas de investigaciones y de trabajos de campo y gabinete, el ministerio público encontró elementos para solicitar a un juez la orden de aprehensión en contra de los policías, y el civil, la cual, después de otorgada fue cumplimentada el pasado 1 de febrero.
Los detenidos son: Eduardo N de 39 años de edad; Edmundo “N”, de 34 años; Fidel “N”, de 48 años; Marco Antonio “N” de 36 años y Reynaldo “N”, de 39 años, todos ellos policías municipales, además de Julio César “N”, de 30 años, presunto integrante de un grupo delincuencial.
El juez de control concedió al ministerio público 90 días más para cerrar la investigación, y recabar los elementos de prueba para el juicio oral que se les aplicará en la entidad.
La Fiscalía mexiquense informó que mantiene la investigación abierta, para de ser el caso, detener a otros probables partícipes de este delito.
El joven que fue víctima de la desaparición forzada sigue sin ser ubicado.
