Por Israel Dávila
Ciudad de México, 9 de marzo del 2017.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arrancó esta mañana con el análisis del fondo sobre la constitucionalidad de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado de México. El ministro Eduardo Medina Mora, de los primeros en fijar su postura, consideró que este ordenamiento, aprobado por el Congreso mexiquense en abril del año pasado, tiene que ser derogado por ir en contra de los preceptos constitucionales.
Tras sobreseer el recurso interpuesto por la Legislatura mexiquense, los ministros entraron al fondo de los acciones de inconstitucionalidad que promovieron las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, que en su conjunto demandan la anulación de doce artículos, por considerar que van en contra de la Carta Magna.
El ministro ponente Antonio Pérez Dayán, elaboró un dictamen donde solo propone declarar la invalidez en seis artículos, y ratifica otros seis, pero al iniciar el debate, al menos cuatro ministros manifestaron su postura en contra del proyecto.
El primero en fijar postura fue el magistrado Eduardo Medina Mor, quien de plano externó su rechazo a la ley y pidió que fuera derogada, por varios vicios que tiene el ordenamiento.
En principio expuso que la ley “tiene problemas serios por provenir de una autoridad incompetente, pues no se puede legislar en materia de seguridad pública cuando esta es una materia concurrente.
Señaló que lo recomendable sería que hubiera una ley general que regule el uso de la fuerza y de ahí los estados realicen sus legislaciones, uniformando criterios sobre actuación
“Que pasa cuando ocurre algún problema y concurren autoridades de seguridad de dos entidades. ¿A quién se le aplica la norma?, preguntó el ministro. “mientras no existan parámetros nacionales bien definidos no se puede legislar localmente sobre la materia. Repito ¿cómo se actuaría en un operativo conjunto?.
Enseguida el ministro José Ramón Cossío Díaz señaló que la legislatura mexiquense no fue clara al momento de delimitar lo que es el uso de la fuerza.
“El uso de la fuerza debe ser altamente conceptualizado y claro para no generar violaciones legales. No estoy de acuerdo en el enfoque general que se le dio a este asunto. Es difícil regular el uso de la fuerza cuando no se tiene claro a quien se le va a aplicar la ley, si a los ciudadanos o a los cuerpos policiacos”, dijo.
La ministra Norma Lucia Piña también externó su postura en contra del proyecto y de la ley, y propuso invalidar el articulo 3 fracciones 2 y 3 de la norma, pues también carecen de claridad y esto puede generar violaciones a las garantías individuales.
El debate será retomado el lunes próximo donde el resto de los ministros fijarán postura, pero desde ahora se advierte que al menos la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México deberá ser reformada por el Congreso local.
