Redacción
Distrito Federal. 30 de junio de 2015.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, un informe sobre las acciones administrativas y legales interpuestas en contra de servidores públicos involucrados en supuestas irregularidades derivadas de la concesión otorgada a la empresa OHL.
El Pleno de la Permanente demandó a la Legislatura del Estado de México que, a través de su Órgano Superior de Fiscalización, realice una auditoría integral y exhaustiva a la obra del Viaducto Bicentenario, para determinar si existieron irregularidades en los procesos de licitación, construcción, administración y operación de dicha vialidad.
En los últimos tres meses se han exhibido una serie de llamadas telefónicas entre directivos de la empresa OHL y funcionarios del gobierno del Estado de México, donde se evidencia un posible tráfico de influencias por parte de integrantes del gabinete de Eruviel Ávila para favorecer determinados procedimientos legales a favor de la constructora.
Entre los altos mandos del gobierno involucrados se encuentra Apolinar Mena Vargas, entonces secretario de Comunicaciones, quien debió renunciar al cargo en medio del escándalo que envuelve la presunta corrupción de OHL, luego de solicitar favores en la reservaciones de hotel para vacaciones familiares en diciembre pasado a directivos de la empresa.
La semana pasada, la consejera jurídica del gobierno mexiquense, Luz María Zarza, fue exhibida en una llamada telefónica en donde reconoce su participación e injerencia en procesos legales que enfrenta OHL, para influir en decisiones de autoridades judiciales, ante lo cual el gobernador Eruviel Ávila no ha fijado postura alguna.
En medio del escándalo, los directivos de OHL reconocían en sus llamadas telefónicas fijar sobreprecios y falsear datos técnicos sobre los aforos vehiculares para aumentar discrecionalmente los costos del peaje, en donde estarían involucrados el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Elevado Bicentenario, concesionados en los gobiernos de los exmandatarios Arturo Montiel y Enrique Peña, respectivamente.
La Comisión Permanente solicitó además a la Secretaría de la Función Pública (SFP) un informe con los resultados de las investigaciones y auditorías realizadas sobre la construcción del Viaducto Bicentenario en el Estado de México, operada por la empresa española OHL México, lo cual deberá entregar en un plazo de 15 días.
En sesión de dicho órgano legislativo, también se pidió por consenso de todos los partidos políticos incluido el PRI, un informe a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a Banobras sobre los proyectos de infraestructura en los que haya participado o esté participando dicho consorcio, acusado durante las últimas semanas de estar involucrada en sobreprecios a sus obras carreteras en la entidad mexiquense.
En la misma serie de solicitudes, la Comisión Permanente -integrada por senadores y diputados federales- solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejercer sus facultades de investigación sobre los recursos federales en la obra del Viaducto Bicentenario, para deslindar las responsabilidades administrativas o medidas legales que correspondan.
