Redacción
Ciudad de México; 26 de enero de 2021.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a Alfredo Castillo Cervantes, exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros precisó que, la sanción deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.
De acuerdo con la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial, se inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.
La dependencia federal determinó que dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.
Durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y
garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada.
Perfil de Alfredo Castillo Cervantes
Alfredo Castillo Cervantes fue uno de los funcionarios más influyentes con Enrique Peña Nieto desde la gubernatura mexiquense, cuya trayectoria despuntó como responsable de la investigación de la desaparición y muerte de la pequeña Paulette Gebara Farah, en un exclusivo residencial de Huixquilucan, momentos en que fungía como subprocurador de justicia de Tlalnepantla.
Tras la renuncia de su jefe político, Alberto Bazbaz Sacal, por dicha escena mediática fincada en la inverosímil muerte accidental de la menor, Alfredo Castillo fue nombrado procurador general de justicia de la entidad de 2010 a 2011, cargo en el que fue ratificado durante un año por el gobernador Eruviel Ávila Villegas.
Durante el sexenio peñista como presidente de México, Alfredo Castillo se desempeñó como subprocurador de la Procuraduría General de la República, bajo el mando del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam. Ahí encabezó la investigación por enriquecimiento ilícito iniciada en contra de la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo.
Meses más tarde, fue designado titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, en reemplazo de Humberto Benítez Treviño, destituido por el caso de Lady Profeco, atribuido a una hija de Benítez, quien ordenó cerrar un restaurante de la Ciudad de México por considerar que no había sido atendido oportunamente.
En medio de la crisis de inseguridad en el estado de Michoacán, fue nombrado comisionado especial para la Seguridad y Desarrollo Integral, en la que tomaba decisiones al interior del gobierno estatal en una figura jurídica altamente cuestionada que tenía facultades metalegales desde la estructura del gobierno de la República.
Finalmente, su último encargo en el sexenio peñista fue como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en dicho despacho tuvo una relación ríspida con distintas federaciones del deporte amateur, y cuyo equipo de prensa protagonizó un nuevo escándalo en los Juegos Olímpicos de Río 2016, al trasmitir competencias en vivo a través de sus redes sociales, lo que causó incluso cancelarles sus acreditaciones oficiales.
En febrero de 2019, se informó que era investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pues habría contratado bienes y servicios para esta dependencia federal por más de 262 millones de pesos con empresas fantasma en el ejercicio fiscal 2017.
En el expediente abierto contra Castillo se explica que la Conade desconoce el costo promedio de las adquisiciones de bienes y servicios contratados mediante el Programa Presupuestario E017 de “Atención al Deporte”.
También se observa que la Conade tenía autorizado para 2017 una partida presupuestal por 560 millones de pesos pero al final del ejercicio se reportaron gastos de 650 millones de pesos. De esa cantidad solo existe documentación comprobatoria de 580 millones de pesos, por lo que resta aclarar el destino de 70 millones.
