Redacción
Toluca, Edomex, 20 de noviembre del 2016.- El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y la Secretaría de la Contraloría fueron los entes más afectados en la redistribución de recursos que los diputados aprobaron en el presupuesto de egresos del 2017.
Al IEEM finalmente se le redujeron 55 millones de los dos mil 188 que había propuesto asignarles la Secretaría de Finanzas para el año entrante, mientras a la Secretaria de la Contraloría se le redujeron 30 millones que fueron redireccionados al Órgano Superior de Fiscalización y al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de la entidad, (Infoem).
Finalmente el IEEM quedó con un presupuesto autorizado de dos mil 133 millones de pesos, es decir, 243 millones de pesos menos, de lo que solicitaron en su anteproyecto a la Secretaría de Finanzas.
De los mil 133 millones que tendrán en 2017, 850 millones ya están etiquetados para el financiamiento público ordinario y para la obtención del voto al que tienen derecho los partidos políticos, es decir, que contarán con poco más de mil 200 millones para cubrir su gasto operativo para la organización y desarrollo del proceso electoral de gobernador y los preparativos para el proceso electoral del 2018, cuando se renovarán ayuntamientos y el Congreso local.
De los 55 millones que se redireccionaron al presupuesto del IEEM, 30 fueron destinados a la Universidad Autónoma del Estado de México y 25 al Tribunal Electoral de la entidad.
En tanto, a la Secretaría de la Contraloría se le recortaron 30 millones, de los cuales 25 fueron a parar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) para fortalecer las tareas de fiscalización, y 5 millones al Infoem para garantizar tareas de transparencia.
Del presupuesto del sector salud, los diputados etiquetaron 40 millones de pesos a Centros de Atención Juvenil para la prevención de adicciones; del Sistema Integral de la Familia, DIF, asignaron 5 millones adicionales para albergues infantiles; del presupuesto educativo, etiquetaron 20 millones para acciones encaminadas a erradicar la violencia infantil y 30 millones para la gestión de la calidad educativa.
