Redacción
Ciudad de México, 24 de febrero del 2017.- A partir del lunes 27 de febrero, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el proyecto de sentencia que elaboró el ministro Alberto Pérez Dayan, a las controversias constitucionales presentadas por el Congreso del estado de México y las Comisiones Nacional y estatal de Derechos Humanos, sobre la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, también conocida como Ley Atenco.
De acuerdo con el proyecto elaborado por el ministro Pérez Dayan, la controversia promovida por el Congreso será sobreseída, ya que esta instancia tiene las facultades para poder derogarla o modificarla cuando quiera.
En ese entendido, la Corte solo entrará al fondo del asunto en las controversias presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de México, que en su conjunto consideran que al menos una docena de artículos de este ordenamiento aprobado el pasado 8 de abril por la mayoría del pleno legislativo de la entidad es violatorio de la constitución y de los derechos humanos.
El ministro Pérez Dayan propone en su sentencia que será puesta consideración del pleno de la Corte, la modificación de algunos artículos, entre ellos el 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado de México, pues es contradictorio tal y como fue aprobado por el pleno camaral.
En ese artículo se señala que el uso de la fuerza pública será el último recurso que puedan utilizar las fuerzas del orden y después advierte que puede emplearse como “primera opción”.
El ministro pretende que quede establecido con claridad en la ley que el uso de la fuerza, “bajo ninguna concepción democrática y basa en los derechos del hombre, puede considerarse como la primera opción a la que recurran los agentes de orden público en el desempeño de sus funciones.
El análisis y discusión de la ley podría llevarse dos o tres sesiones antes de que se tome una determinación final sobre la legalidad o no de este ordenamiento que pretende regular el uso de la fuerza pública en la entidad.
