Redacción
Toluca, Edomex. 22 de abril de 2015.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una nueva recomendación a la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEM) donde se le instruye iniciar una carpeta de investigación en contra de cuatro policías ministeriales por hechos que podrían configurarse como tortura, y en contra de dos ministerios públicos y un médico legista, por haber tolerado la comisión de estos “tratos crueles, inhumanos y denigrantes” en agravio de tres jóvenes.
El organismo pudo constatar que el personal de la dependencia incurrió en estas conductas arbitrarias y violatorias de las garantías individuales, durante la detención y privación de la libertad de tres jóvenes en el municipio de Acolman, a quienes se les intentó fabricar una acusación por el delito de robo a un Oxxo.
Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre del 2013 cuando tres jóvenes que circulaban a bordo de una camioneta fueron detenidos en la colonia Primavera del municipio de Acolman por un grupo de personas armadas que se identificaron como policías ministeriales, quienes les imputaron haber participado en el robo de una tienda de conveniencia en Ecatepec, a unos doce kilómetros de distancia.
La detención, a decir de las víctimas, ocurrió alrededor de las 18:00 horas de ese lunes 2 de septiembre, sin embargo, los policías que los aprehendieron –identificados como Daniel Alejandro Rivera Gamboa, Noé Medina Cedillo, Héctor Jesús Tabares Frías y Carlos Francisco Cuadros Aldana- asentaron en el expediente que esto ocurrió alrededor de las 20:50 horas, después de haber recibido una llamada de auxilio del personal de la tienda de conveniencia.
Los tres jóvenes fueron presentados al centro de justicia de San Agustín hasta las 22:00 horas de ese día, es decir, cuatro horas después de haber sido asegurados. Al llegar a la agencia del ministerio público, la agente del MP de turno, Jannet Aldana Rodríguez, solicitó al médico legista Ricardo Guzmán Gómez, la certificación médica de los detenidos.
El médico legista nunca los auscultó y sólo se dedicó a preguntarles de tono intimidante si estaban bien y los jóvenes callaron. A sabiendas de que no había existido revisión física de los detenidos, la ministerio público adjuntó el certificado médico en el expediente.
Los detenidos fueron remitidos a las galeras donde pasaron toda la noche de ese lunes, la mañana del 3 de septiembre y hasta la tarde, otro perito les certificó su estado de salud, a exigencia de su abogado particular.
Ahí se detectaron diversas lesiones e incluso “quemaduras puntiformes”, que a decir de los detenidos, les hicieron los policías ministeriales: Daniel Alejandro Rivera Gamboa, Noé Medina Cedillo, Héctor Jesús Tabares Frías y Carlos Francisco Cuadros Aldana. La comisión avaló el dicho de los jóvenes pues, “estas lesiones son difíciles que se las infrinja una persona que está privada de su libertad”.
“Los servidores públicos señalados transgredieron lo dispuesto en los artículos 42 fracciones I y XXII, así como 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, al omitir cumplir con la máxima diligencia el servicio público que tenían encomendado en franca violación a los principios rectores de libertad, legalidad y seguridad jurídica, así como a la integridad personal”, concluyó la comisión de derechos humanos.
Por tal motivo, el organismo instruyó a la Procuraduría a iniciar una carpeta de investigación; a dar vista a la inspección general de los cuerpos de seguridad en el estado, para que se iniciara un procedimiento administrativo sancionador en contra de los servidores públicos señalados. También se pide que los policías sean sometidos a exámenes de control de confianza y que toda la policía ministerial del estado sea capacitada en protocolos de detención y actuación con base en el respeto a los derechos humanos.
El año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia mexiquense, pues se demostró que personal que participó en la investigación por la matanza de Tlaltlaya, también incurrieron en abusos graves y actos denigrantes.
