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Redacción

Toluca, Edomex. 6 de julio de 2015.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez recalcó hoy que no existe evidencia alguna de que personal del área de servicios periciales o de la policía ministerial mexiquense haya colaborado en la alteración de la escena del crimen donde ocurrió la matanza de 22 civiles a manos del Ejército Mexicano,  el 30 de junio del año pasado.

El funcionario dijo que por ese motivo no se ejercitó acción penal en contra de ningún perito o médico legista que participaron en la diligencia para dar fe de los acontecimientos sucedidos la madrugada del 30 de junio de 2014 en una bodega de la localidad de San Pedro Limón, Tlatlaya y en el proceso de levantamiento de cadáveres.

Procurador Edomex. Acción penal. Foto Agencia MVT.
Procurador deslinda a su gente. (Foto Agencia MVT).

En una improvisada conferencia de prensa para aclarar algunos puntos referentes al cumplimiento de la recomendación que emitió el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por considerar  que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos de las 22 personas abatidas por el Ejército y de tres mujeres que fueron testigos presenciales de la matanza, Alejandro Gómez reiteró que el personal de la Procuraduría mexiquense llegó al lugar de los hechos seis horas después de que ocurrió el crimen.

“Hemos señalado que cuando arribaron los servicios periciales al lugar de los hechos, ellos procesaron el lugar en los términos en los cuales lo encontraron. El que haya habido insuficiencias o deficiencias en el procesamiento del lugar de los hechos, concretamente por ciertos peritos, es lo que hasta este momento es materia de investigación de la autoridad administrativa a ese respecto, pero nosotros no hemos encontrado una actuación dolosa, como lo exige el tipo penal, respecto a la actuación de los servicios periciales, hasta este momento”, dijo.

En el comunicado de prensa que se emitió la semana pasada respecto al caso Tlatlaya, la Procuraduría mexiquense dio cuenta que tres militares enfrentan un proceso penal ante el juzgado cuarto de distrito en materia penal federal con sede el Estado de México, precisamente por la alteración de la escena del crimen. A la fecha, ellos son los únicos presuntos responsables de haber manipular los cuerpos y armas para hacer creer que todo fue producto de un enfrentamiento y no de una ejecución extrajudicial como lo ha demostrado la CNDH.

Sobre el ejercicio de la acción penal en contra de siete policías ministeriales, subrayó que cuatro ya fueron vinculados a proceso penal por el delito de tortura agravada, pero que estos enfrentarán su juicio en libertad, pues esta conducta delictiva no obliga a una prisión preventiva oficiosa, al no ser considerada como grave.

Respecto a las tres órdenes de aprehensión restantes que le fueron negadas contra policías ministeriales por estos hechos, dijo que se está realizando el perfeccionamiento de la imputación para volver a solicitar su consignación a juez.

Finalmente informó que esta semana serán publicadas las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos de la entidad, herramienta que será indispensable para iniciar el proceso para indemnizar a las tres mujeres -testigos presenciales de la matanza de 22 civiles en Tlatlaya- que fueron víctimas de tortura por parte de policías ministeriales.

Una vez publicadas las reglas de operación de este fondo, las tres mujeres consideradas víctimas por los hechos posteriores a la matanza de Tlatlaya, podrán acudir a la Procuraduría, para acordar, de manera conjunta, el monto de la indemnización.

La cantidad de la compensación que recibirán será diferente en cada caso, ya que depende de su condición socioeconómica, si tienen hijos en edad de estudiar, si tienen acceso a servicios de salud y otros elementos de su entorno social que estudiarán para hacerles una propuesta.

Con dos de las mujeres, la Procuraduría ya ha tenido comunicación desde hace meses, sin embargo, en el caso de Julia -quien la semana pasada se presentó en una conferencia de prensa, con el Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro- no se ha tenido ningún tipo de contacto.

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