Redacción
Distrito Federal. 24 de noviembre de 2015.- El procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, compareció este mediodía ante el pleno del Senado de la República en su intentona por convertirse en ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN). En su presentación de 20 minutos para justificar la postulación que le hizo el presidente, Enrique Peña Nieto, para llegar a la Corte, aprovechó para defenderse de las imputaciones del caso Tlatlaya que involucran a la dependencia que encabeza de encubrir la matanza de 22 probables criminales a manos de las fuerzas castrenses.
Ante el pleno de la Cámara Alta, Gómez Sánchez subrayó que la eventual alteración en la escena del crimen del caso Tlatlaya habría sido ejecutada por elementos del Ejército Mexicano, y recalcó que el personal de la Procuraduría arribó al lugar horas después de los hechos, y empezó a trabajar con las condiciones en que ya se encontraba el lugar donde se realizó la matanza.
“De conformidad con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presumiblemente, elementos del Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no así personal de la Procuraduría mexiquense, lo cual es materia de la investigación penal de las autoridades federales”, subrayó.
En su calidad de aspirante a ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Gómez Sánchez respondió cuestionamientos que se dieron desde que fue postulado a la Corte, sobre las probables omisiones, deficiencias o insuficiencias en que habría incurrido personal de la procuraduría mexiquense, lo cual dijo fue derivado de “la complejidad del caso, las circunstancias de lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento”.
El procurador de Justicia Estatal insistió en que la dependencia a su cargo se encuentra en proceso de cumplimiento a la recomendación emitida por la CNDH sobre el caso Tlaltlaya, en la que se acreditaron imputaciones de tortura y malos tratos, situación por la que el Ministerio Público ejercitó acción penal contra los probables responsables, quienes se encuentran vinculados al proceso penal.
Explicó que la intervención de la Procuraduría estatal estuvo encaminada a profundizar en las investigaciones, pero el expediente fue turnado a la PGR tres días posteriores a los crímenes por estar involucrado personal militar.
Entre las diligencias desarrolladas por la institución mexiquense se encuentran entrevistas con los elementos militares, quienes informaron del enfrentamiento con un grupo armado; así como entrevistas a las mujeres que se encontraban en el lugar.
Alejandro Gómez Sánchez se declaró idóneo para el cargo, tras aseverar que en su actuación al frente de la PGJEM ha actuado “como valladar frente a actos que pretenden vulnerar los derechos de las personas”.
Otro de los comparecientes fue el exprocurador fiscal, Javier Laynez Poitisek, quien expuso ante los senadores su amplia y prolífica carrera en el sector público y pidió que se le juzgue no por los años que ha trabajado en el gobierno federal, sino por las decisiones que ha tomado. Todo apunta a que Laynez Poitisek lleva la delantera en su intención por convertirse en ministro de la Corte.
La terna de hombres fue completada por Álvaro Castro, quien subrayó su “indeclinable vocación de servicio”, tras asumirse como “firme combatiente de la corrupción”, y dijo no tener “ningún conflicto de interés”. Se comprometió a actuar en todo momento con probidad, sensibilidad y a garantizar la justicia.
Comparecen mujeres por SCJN
En la terna de mujeres para ocupar el cargo de ministro, la magistrada Norma Lucía Piña Hernández se definió como un ser independiente para resistir a todas las presiones, imparcial para no estar sesgado hacia ninguna de las partes, no comprometerse con los grupos de interés y velar siempre por los derechos humanos.
Piña Hernández cuenta con 27 años de trayectoria en el Poder Judicial. La magistrada agregó que la tarea más importante de un ministro de la Suprema Corte implica proteger la democracia, no sólo en el sentido formal, sino en la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. Piña Hernández es considerada como la favorita para convertirse en ministro de la SCJN.
Otra de las comparecientes, la magistrada Sara Patricia Orea Ochoa explicó que un juzgador constitucional debe tener presente el humanismo y ver la posición de desventaja en que se encuentran las víctimas que son tratadas como convidados de piedra. “Me parece que la Suprema Corte tiene que guiar directrices en derechos sociales para (niños y adolescentes) este sector que evidentemente es vulnerable”.
