Redacción
Distrito Federal. 28 de mayo de 2015.- Un nuevo escándalo ha surgido en el entorno de la riqueza patrimonial del presidente Enrique Peña Nieto, quien habría declarado incorrectamente las circunstancias en las que obtuvo una de sus propiedades, reveló una investigación desarrollada por la agencia de noticias Reuters, lo que advierte podría avivar la controversia en torno a sus finanzas personales.
En la nueva revelación hecha pública este jueves, en la declaración patrimonial oficial presentada hace dos años por primera vez, Peña Nieto reportó que recibió una propiedad a través de una “donación”, o un obsequio, de su padre.
La misma declaración, desde entonces ha sido actualizada y ratificada en un par de ocasiones, según el Gobierno de la República en un esfuerzo por impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin embargo, la agencia Reuters reveló que por medio de una solicitud de información pública, se pudo conocer que Peña Nieto en realidad compró la propiedad en cuestión -un terreno de 1,000 metros cuadrados en el municipio turístico de Valle de Bravo- en 1988 de manos de un tercero.
Entonces, Peña Nieto un joven de 22 años de edad, pagó 11.2 millones de pesos, o unos 5 mil dólares de esa época, según el registro; mientras que su declaración muestra a la propiedad valorizada en sólo 11 mil 200 viejos pesos o cinco dólares en esa época.
En el reportaje difundido por Reuters no se pudo determinar las razones de por qué Peña Nieto presentó la compra como una donación y declaró un precio menor.
Además en la declaración patrimonial del exgobernador mexiquense muestra una lista de otras ocho propiedades inmobiliarias, cinco de las cuales también son reportadas como donaciones; situación que no pudo corroborarse por parte de Reuters sobre si estas cinco propiedades, que incluyen casas y terrenos, fueron declaradas correctamente.
La edición del reportaje en español hecha por los reporteros Pablo Garibian y Ana Isabel Martínez, abunda que “los funcionarios públicos mexicanos no tienen la obligación de explicar la fuente de los recursos utilizados para obtener propiedades que reciben como obsequio, pero se les requiere que declaren con precisión cómo adquirieron sus propiedades”.
En la investigación realizada por Reuters, se requirió la postura por parte de la oficina del presidente Enrique Peña, la cual no quiso hacer comentarios, a pesar de que se le pidió varias veces explicaciones sobre las discrepancias en los documentos.
Los escándalos de conflictos de interés han generado una crisis profunda en el entorno de Enrique Peña, su esposa y su gabinete, a partir de la revelación de propiedades adquiridas por su cónyuge Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que compraron viviendas de manos de contratistas vinculados al Gobierno.
Reuters abunda que la periodista mexicana Carmen Aristegui y sus colegas reportaron a fines del año pasado que la primera dama Rivera estaba adquiriendo una residencia valorizada en varios millones de dólares de una subsidiaria de un contratista del Gobierno que era parte de un consorcio liderado por una empresa china ganador de una licitación -que se canceló- por 3 mil 750 millones de dólares para construir un tren de alta velocidad.
Semanas después, el periódico Wall Street Journal reportó que Peña Nieto compró una casa en Ixtapan de la Sal, de un empresario que se convirtió en uno de los principales proveedores del gobierno del Estado de México durante el mandato del atlacomulquense.
A pesar de que el presidente negó haber cometido algún delito, agrega Reuters, los escándalos han ensombrecido su agenda de profundas reformas económicas, con las que esperaba impulsar a la segunda mayor economía de Latinoamérica.
La actualización patrimonial de Peña Nieto
En la misma investigación, se adelanta que Peña Nieto publicará la actualización de su declaración patrimonial anual esta misma semana con más detalles, según lo dicho por un funcionario de la Presidencia. Aunque también se advierte, no revelará los activos de su esposa porque ella no es una servidora pública y no depende económicamente de él, agregó.
Fuentes de abogados y profesores de derecho en importantes bufetes y escuelas de leyes mexicanas, consultadas por la agencia periodística, reconocieron que la declaración incorrecta podría traer problemas legales al presidente, en tanto que la discrepancia entre los documentos de registro de la propiedad y su declaración oficial constituyen una declaración falsa a las autoridades, dijeron.
Entre las omisiones o faltas a la legalidad, se apunta la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que en su artículo 80 detalla qué cargos públicos, incluyendo “hasta el de Presidente de la República”, deben declarar su patrimonio a las autoridades bajo juramento.
“El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta Ley, será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres meses a tres años”, dice la ley.
Otros abogados consultados para esta misma investigación sostuvieron que la declaración del presidente debía ser auditada dada la discrepancia.
“En la declaración patrimonial se declara como donación del padre, lo que en realidad es producto de una compraventa”, dijo Víctor Blanco, un abogado y académico mexicano. “Está incurriendo en falsedad”.
En ese entramado legal, también se contempla que los funcionarios que no logran justificar la fuente de su patrimonio pueden enfrentar una auditoría bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. Si se confirma, sería un delito bajo el artículo 224 del Código Penal Federal de México.
Reuters añade la versión de un abogado, que habló bajo condición de anonimato, quien dijo que creía que el presidente podría argumentar que el dinero utilizado para comprar la propiedad le fue donado, y que entonces la discrepancia no sería un problema mayor.
En suma, los abogados dijeron que hay pocos precedentes de procesamientos de altos funcionarios bajo estas leyes.
Reuters no pudo cotejar la adquisición de otras propiedades inmobiliarias de Peña Nieto porque su declaración patrimonial no detalla sus direcciones.
Búsqueda imposible en archivos
El poco transparente y descentralizado registro de la propiedad mexicano hace difícil verificar quiénes son los dueños y los detalles de compra de terrenos y construcciones, sostiene la investigación de Reuters, al sostener que en el país hay más de 220 oficinas del registro público en el país, muchas de las cuales carecen de bases de datos electrónicas para hacer búsquedas, y hasta los registros más modernos tienen limitaciones.
La agencia periodística contempla que en algunas oficinas de registro público, los ciudadanos pueden buscar propiedades en una red interna, sin embargo, para solicitar una copia de un registro en particular, deben conocerse el número de folio, el compendio de papeles en los cuales las propiedades fueron reportados originalmente, y muchas veces cuando se busca por nombre de propietario, no se obtienen resultados.
En el caso de la propiedad del presidente identificada por Reuters, una búsqueda por computadora en el registro público en Valle de Bravo, un exclusiva localidad de descanso a dos horas de auto al suroeste de la Ciudad de México, inicialmente no arrojó resultados para Peña Nieto.
Tras una búsqueda entre viejos archivos de papel de la oficina del registro se halló el nombre del presidente junto a un número de folio, lo que permitió hallar los registros de la propiedad de Valle de Bravo.
Otras discrepancias
Reuters añade que en la declaración patrimonial del presidente Enrique Peña Nieto se hallaron más discrepancias.
El mexiquense reportó el valor de la propiedad de Valle de Bravo en 11 mil 200 de los llamados “viejos pesos”, cuando el registro de la propiedad muestra que originalmente pagó 11.2 millones de viejos pesos.
En ese momento, México sufría una profunda crisis económica en la década de 1980, y a principios de la década de 1990 el peso fue revaluado al eliminar tres ceros a la moneda.
Otras dos propiedades declaradas por Peña Nieto están registradas en viejos pesos, lo que los abogados dicen que parece estar subestimando su valor real.
Una de esas propiedades es un terreno de 560 metros cuadrados con una casa de 492 metros cuadrados, en cuya declaración se dice que las adquirió en efectivo en 1982, cuando era un estudiante de 16 años. La otra propiedad es un terreno agrícola de 24 mil metros cuadrados.
En la conversión de nuevos a viejos pesos, esas dos propiedades están valorizadas en su declaración en un total de apenas 102 dólares.
Sin contar esas tres propiedades, Peña Nieto declaró activos por unos tres millones de dólares en mayo del 2014.
La primera declaración patrimonial hecha por Enrique Peña como mandatario se reportó a principios del 2013, cuando reportó nueve propiedades, seis de ellas descritas como donaciones.
Sin embargo, entre las omisiones se establece que no reportó las ubicaciones, ni el valor, ni el nombre de ninguno de los donadores.
En mayo del 2013, modificó su declaración para aclarar que las propiedades donadas vinieron de su madre o de su padre, y les asignó valores. El año pasado, Peña Nieto ratificó su declaración, pero tampoco reveló dónde están ubicadas.
Poco después de presentar su primera declaración patrimonial como gobernante, Peña Nieto prometió que su Gobierno sería transparente.
“Cumplo así, no sólo por un mandato legal, sino también una obligación ética que normará los actos de quienes somos parte de este equipo de trabajo (…), que tiene que ver con la rendición de cuentas”, dijo en ese momento. “Sobre todo, reafirmo mi convicción democrática de conducirme con absoluta transparencia”.
(1 dólar = 15.3510 pesos mexicanos)
