Redacción
Toluca, Edomex. 9 de julio de 2014.- En 1989, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari otorgó una concesión a Tribasa, para operar, administrar y mantener la autopista de cuota México -Toluca por sólo dos años cuatro meses. El propio Salinas y los presidentes subsecuentes, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, concedieron a la misma empresa, hoy llamada Pinfra, ampliar ese plazo hasta 2030, bajo diversas justificaciones.
Hace un año, el gobierno de Enrique Peña Nieto le recordó a la empresa que el título de concesión habla de tener una autopista de cuota de México a Toluca, y no sólo de 19 kilómetros (de Santa Fe a La Marquesa) como lo es actualmente.
Tras intensas negociaciones Pinfra accedió a construir el tramo de cuota que le faltaba (La Marquesa –Toluca) para cumplir a cabalidad el título de concesión. A cambio, la empresa de David Peñaloza, negoció con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes extender el plazo de concesión hasta 2049, para sumar en total 60 años—el máximo permitido por la ley—de operación, administración y mantenimiento de una carretera.
El pasado 23 de julio se firmó el nuevo ajuste al título de concesión, el noveno, para ser exactos. Ahí se obliga a Pinfra a “realizar inversiones adicionales a la autopista”, en el tramo nuevo que va de La Marquesa a Toluca conforme a lo originalmente previsto en la concesión.
Esta obra es la que justamente se inició a construir el lunes pasado, con el compromiso de tenerla lista para diciembre del 2015. La obra será financiada en su totalidad por la concesionaria, quien tendrá que invertir del orden de los tres mil 500 millones para su edificación.
El nuevo tramo de cuota, es de 13.6 kilómetros de longitud que van de la laguna de Salazar, al entronque con el libramiento nororiente de Toluca.
Para este tramo, Pinfra cobrará una tarifa adicional a los 70 pesos que ya cobra por el tramo de Santa Fe a La Marquesa.
De acuerdo con un reporte financiero anual entregado por Pinfra a la Bolsa Mexicana de Valores en 2012, por esta autopista circulan alrededor de 55 mil autos diarios, lo que le genera ingresos a la concesionaria superior a los tres millones al día, aunque la utilidad que se obtiene es mucho menor, pues la constructora tiene que hacer frente a compromisos con inversionistas tenedores de bonos, producto la bursatilización que se hizo dela carretera en la década de los noventa y con la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por una contraprestación.
En la modificación pactada al título de concesión se fijó que el plazo para operar, administrar y mantener la autopista hasta 2049, “podrá reducirse en caso de que la recuperación de la inversión realizada más su rendimiento se obtenga antes”.
Al término del periodo de vigencia de la concesión, la autopista y sus derivados pasarán a ser propiedad del gobierno federal.
