Redacción
Toluca, Edomex. 4 de diciembre de 2014.- Todos los servidores públicos que participaron en el inicio de la indagatoria por el homicidio de 22 personas en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, el pasado 30 de junio, están sujetos a investigación, indicó hoy el procurador de justicia mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez.
El funcionario estatal acotó que a la fecha nadie ha sido separado del cargo, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constató que hubo abusos e irregularidades del personal de esa dependencia durante las primeras diligencias para esclarecer estos hechos.
El procurador manifestó que las bajas se darán una vez que se concluya la indagatoria que se inició para deslindar responsabilidades de los presuntos abusos y anomalías por alterar la escena del crimen, y dijo que las sanciones no solamente serán en el ámbito administrativo, donde existe abierto ya un expediente, sino también en el orden penal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó en su recomendación por los hechos de Tlatlaya, que el personal de la procuraduría de justicia estatal permitió y colaboró con alterar la escena del crimen con la finalidad de que no se conociera la verdad de los acontecimientos, pues miembros del Ejército habían ejecutado a unos jóvenes presuntos delincuentes cuando estos ya se habían rendido y se habían entregado a la autoridad.
Tanto el Ejercito como la Procuraduría mexiquense sostuvieron en un inicio que la muerte de estas 22 personas fue producto de un enfrentamiento con las fuerzas armadas y escondieron que en realidad se trató de una ejecución extrajudicial.
En la recomendación también se señala que personal de la procuraduría del estado maltrató y hasta torturó a tres mujeres, presuntamente secuestradas, que se encontraban en el lugar de los hechos.
Gómez Sánchez reveló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está siendo informada de cada uno de los pasos que realiza la Procuraduría para cumplir la recomendación por los hechos de Tlatlaya, e incluso dijo que participa en la investigación para deslindar responsabilidades del personal de la policía ministerial, de los agentes del ministerio público y hasta peritos que colaboraron con el levantamiento de cuerpos.
Señaló que ya se han signado varios convenios con distintas dependencias para cumplir la capacitación que exigió la CNDH para el personal de la Procuraduría en materia de derechos humanos, protección y conservación de la escena del crimen y seguimiento de protocolos, entre otros.
También informó que ya se ha hecho contacto con las mujeres que fueron víctimas de abusos y maltratos por parte de personal de la Procuraduría mexiquense para cumplir con la reparación del daño, ordenado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Personal del Instituto de Atención a Víctimas fueron hasta el penal federal de Nayarit donde se encuentran recluidas dos de ellas, y se está en proceso de verificación para determinar de qué manera se puede cumplir con la reparación del daño. Con la tercera ya hubo comunicación directa con sus familiares en Ciudad Altamirano, Guerrero.
