Francisco Ledesma / El dedazo priísta
El proceso de designación del candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, es una regla no escrita que tiene como premisa, la designación por parte del gobernador en turno para quien deberá convertirse en su principal apuesta para sucederlo; se trata de una decisión unipersonal, tras la cual, la fuerza de intereses de las élites de poder formal y fáctico, incluidas las de los demás contendientes, se suman con el único propósito de ganar cada elección.
En antaño, los aspirantes a la gubernatura evitaban expresar sus intenciones de contienda sucesoria; y desarrollaban una competencia de facto, con el deseo de con-vencer al gran elector de contar con los merecimientos para convertirse en el abanderado priísta, y con ello, ocupar el despacho de la gubernatura estatal.
A la fecha, parte de esas reglas se han modificado, en la medida que un puñado de aspirantes han expresado su deseo de suceder a Alfredo Del Mazo; pero nadie ha lanzado un guiño por democratizar los procesos internos del priísmo, y transitar, eventualmente a una elección interna para definir la candidatura.
La única ocasión en que el PRI “eligió” a su candidato mediante una consulta a la base fue en 1999, cuando Arturo Montiel se impuso a Humberto Lira Mora, Héctor Ximénez y Yolanda Sentíes. Los contendientes derrotados acusaron un proceso inequitativo, en la medida que Montiel, ya había sido elegido por factores externos antes de contender en las urnas entre la militancia de su partido.
Hacia 2005, la convocatoria del proceso interno determinaba una consulta a la base, la cual quedaría sin efecto ante una coalición electoral. En el camino, el PRI fraguó una alianza con el PVEM; y de paso, por decisión superior, todos los aspirantes inscritos en la precampaña declinaron a favor de Enrique Peña.
Desde entonces, en cada proceso interno posterior, el PRI diseñó las candidaturas únicas como una herramienta para zanjar cualquier intento de competencia partidista. En marzo de 2011, Eruviel Ávila amagó con ser candidato del PAN-PRD, y se convirtió en el abanderado de unidad priísta.
Y en 2017, Alfredo Del Mazo se inscribió en solitario, para erigirse en el candidato de unidad, y dar por cancelada cualquier competencia entre aspirantes.
El mayor argumento de los priístas para evitar un proceso interno, consiste en evitar un desgaste entre los contendientes que, se convierta en una candidatura altamente vulnerable, cuando ese aspirante deba afrontar las campañas formales; como ocurrió con Francisco Labastida en la elección del 2000.
En la antesala sucesoria de 2023, los aspirantes priístas a la gubernatura mexiquense siguen diferentes estrategias para posicionar su imagen en el territorio y en el escenario mediático; para insertarse en una precampaña de facto, porque no se trata de una contienda formal -ni por procedimiento ni mucho menos por tiempo-, pero que busca incidir en la decisión final.
Tampoco importa la posibilidad de que el PRI vaya en alianza con el PAN y el PRD, porque hasta el panismo apuesta a la designación superior; pero desde ningún escenario futuro alguien ha planteado la posibilidad de abrir un proceso interno que legitime al candidato prianista del Estado de México.
Y aunque en el PRI, los estatutos del partido, establecen métodos de selección como la convención de delegados y la consulta a la base, todos los aspirantes hoy deben asumir que, el dedazo, es el método que mejores resultados les ha otorgado cuando se trata de concitar los intereses de los exgobernadores.
Alfredo Del Mazo será el gran elector, aunque deberá asumirse que evaluará factores internos y externos, antes de tomar su gran decisión.
La tenebra
Quien se haya opuesto al ascenso de poder del gobernador en turno, ya sea por omisión o negligencia desde la dirigencia priísta en su elección como diputado federal en 2015; o amagado con una renuncia fallida para inscribirse en el mismo proceso de 2017 frente a la candidatura de unidad, debe asumir que ya está fuera de la elección de 2023.
