Francisco Ledesma / Poderes fácticos en campaña
En las últimas horas, las campañas electorales del Estado de México han tomado notoriedad pública a partir de las versiones sobre amenazas que habría recibido la candidata priísta a la presidencia municipal de Valle de Bravo por parte del crimen organizado para que abandone la contienda electoral, lo que deja de manifiesto la incidencia de los poderes fácticos en los procesos democráticos.
Sin embargo, es importante asumir que lo preocupante no se reduce a la eventual injerencia de células criminales en una campaña para presidente municipal o diputado local, aun cuando partidos y candidatos han advertido las condiciones complejas que imperan en la región sur del estado.
El debate público debiera ser aún más abierto, dado que los poderes fácticos trascienden otras esferas para incidir en las elecciones: desde el poder económico pasando por el poder religioso, que operan al margen de la legalidad.
En la medida en que el país y el Estado de México experimentaron la alternancia electoral, los grupos de interés económico, religioso o delincuencial tuvieron una mayor relevancia que los poderes formales en la toma de decisiones.
Desde diversos frentes, proveedores de ayuntamientos que han sido desplazados o disminuido sus ganancias en los últimos años, se lanzan en contra de uno y otro candidato, con el propósito de reivindicar sus contratos públicos.
Se identifican a grupos empresariales que financian campañas de quienes compiten por un cargo de elección, y en caso de triunfo, obtener un beneficio económico a partir de la licitación de obras y compra de bienes o servicios.
En la acera religiosa, durante las últimas tres legislaturas, la Iglesia católica ha presionado lo suficiente para imponer un freno en la discusión legislativa que posibilite el reconocimiento de derechos civiles a organizaciones de diversidad sexual. Y desde esa posición ideológica, juegan en las decisiones políticas.
La agenda electoral está marcada por los intereses de los grupos fácticos, aunque se matiza en la construcción discursiva con las necesidades sociales convertidas en lugares comunes: empleo, seguridad, salud, educación, etcétera.
Los presidentes municipales y diputados locales llegan a la ocupación de su cargo público atados de intereses ajenos al poder público. Los poderes fácticos ejercen facultades metalegales para mantener a salvo sus negocios o ideologías.
Con sigilo, han rebasado a los poderes formales bajo un esquema de connivencia en donde todos ganan: las élites políticas, económicas y sociales, y se advierte el ejercicio del poder como un sistema gerencial de dividendos para todos.
La reducción del Estado no se limita a la evidencia de que los gobiernos locales renuncien a sus responsabilidades y deleguen sus múltiples obligaciones al sector privado; sino que se traduce en su incapacidad para cumplir y hacer cumplir la legalidad, a cambio de compartir la toma de decisiones con intereses externos, poniendo por delante la ambición de ganar las elecciones.
Hoy, la sociedad observa con asombro y zozobra la presencia de organizaciones delincuenciales que pretenden definir la elección en Valle de Bravo mucho antes de que los votantes acudan a las urnas, en una situación inaceptable.
Lo cierto es que, cientos de candidatos responden a poderes fácticos con la misma ambición que la delincuencia organizada; y una relación de subordinación del candidato hacia las élites no formales que les otorgaron la candidatura, les financian la campaña, y una vez ganada la elección buscarán incidir en la agenda gubernamental y el gasto público en beneficio de unos cuantos.
La tenebra
Apoyar a las nenis puede conectar positivamente en un tema de moda para cualquier campaña electoral, sin embargo, esa actividad refleja la falta de empleos formales y la proliferación de una economía informal, producto de la insensibilidad social y de la incapacidad política para atender los problemas sociales. Ganar simpatías no es una buena promesa de campaña.
