Francisco Ledesma / Se busca fiscal… para las élites
Por tercera semana consecutiva, la discusión pública en el Estado de México se ha concentrado en el reacomodo de los grupos de poder político, a partir de los ajustes del gabinete estatal; a lo que se ha sumado la intempestiva renuncia de Alejandro Gómez Sánchez, al cargo de fiscal general de justicia de la entidad.
La conversación de las élites políticas de las próximas semanas, se concentrará en quién ocupará el cargo como nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia por los próximos nueve años, cuyos nombres dejarán de ser una especulación a partir del registro que se abrirá la semana entrante, del 20 al 25 de febrero.
El año pasado, Gómez Sánchez desplazó su intención por separarse del cargo. Sin embargo, la decisión parecía haber sido pausada, hasta la semana pasada, cuando volvió a comunicar a su equipo de trabajo la dimisión anticipada.
En los pasillos de la Fiscalía de Justicia deja la impresión de que su reemplazo es la andanada frente a la elección por la gubernatura de 2023; pero se insiste en que se trata de una renuncia instruida desde las altas esferas del poder, lo que dejaría en entredicho la fallida autonomía institucional.
Si el fiscal tiene afinidad al Palacio de Gobierno, se explica que vendrá una contienda electoral de pronóstico reservado con el objetivo de reivindicar el último bastión priísta; si el fiscal tiene un pasado oficialista, pero con cercanía presente a las redes morenistas, hay quien advierte que desde Palacio Nacional se habrá dado un paso al frente hacia una eventual alternancia.
Quienes mantienen el margen de maniobra sobre la designación de la nueva o nuevo fiscal, anticipan que no será un “fiscal carnal”, como parte de las componendas del poder por evitar que el proceso de selección se convierta en un reparto de posiciones entre morenistas y priístas, convertidos en el factor de decisión de lo que acontece al interior de la Legislatura estatal.
Lo cierto es que, la definición del próximo fiscal se decidirá entre la interlocución que decida el gobernador en turno: ya sea el coordinador de los priístas; el secretario de gobierno, o hasta el secretario de justicia y el coordinador de los morenistas. El resto de los partidos será desplazado del acuerdo cupular.
Sin embargo, lo que se mantiene como una encomienda pendiente es garantizar la autonomía institucional de la Fiscalía de Justicia, ya sea para que ésta no se convierta en un aparato del estado de persecución política -como ocurrió desde la UIF de Santiago Nieto-, ni en un refugio de las élites gobernantes que pretenden dominar su presencia en todos los espacios del poder público.
En los últimos días, la clase gobernante ha sido complaciente con el fiscal saliente, lo que evidencia la falta de autocrítica entre quienes forman parte del poder público. Y desde las élites políticas, ya se realiza la filtración de nombres de quienes se pretenden instalar como parte de la terna para sustituirle.
La salida de Alejandro Gómez ha dejado una lección singular: la nueva designación no es garantía para cumplir el periodo de nueve años, pues si las élites políticas lo deciden, siempre cabe la renuncia por motivos personales.
Por ahora, la convocatoria ha marcado las fechas de registro. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo ya se debe tener claridad sobre la terna final que será sometida al Congreso local. Las élites políticas no dejan nada a la imaginación, ni a la improvisación; y no habrá sorpresas ni sorprendidos en el proceso.
Mientras la designación del nuevo fiscal también podría ser indicativo sobre la candidatura por la gubernatura, que hoy enfrasca la mayor pugna de poder al interior del régimen priísta.
La tenebra
Sería deseable que el nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia deje de considerar que la mejor forma de comunicar es el silencio para apostarle al olvido de los casos relevantes que acontecen en el Estado de México; y que la difusión institucional está por encima de los comunicados sobre sentencias condenatorias de mayor relevancia.
